El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Maó, Vicenç Tur, reclamó ayer a la alcaldesa, Águeda Reynés, que de marcha atrás en su decisión de rescindir el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). En opinión de Tur, de llevarse a cabo este anuncio, el Ayuntamiento cometería el "error más grave" de los últimos años, no sólo porque es "un acuerdo inmejorable para los intereses de Maó y sus ciudadanos", sino porque las arcas municipales perderán los 2,7 millones que el IBAVI se había comprometido a pagar por la compra "que no cesión municipal" de las seis parcelas incluidas en el convenio.
"Era un buen acuerdo para el Ayuntamiento y no tanto económicamente para el Govern, pero con una voluntad de primar los intereses municipales. Ahora los intereses del Govern han pasado por encima de los del Ayuntamiento y de las finanzas municipales", denuncio el portavoz del Grupo Socialista. Según Tur, esta pérdida de ingresos repercutirá gravemente en la económica local, dañará la política de vivienda social y tendrá su consecuencia en el sector de la construcción; en la obra pública y privada. En este sentido, los socialistas calculan que esos 2,7 millones de euros tendrían un retorno a la ciudad de Maó en torno a 40 millones que ahora quedarán sin ejecutar.
En este sentido Tur afirmó que la construcción de las 100 viviendas de protección oficial que contempla el convenio con el IBAVI habrían supuesto una inversión cercana de 15 millones. Las 40 viviendas dotacionales (para personas con escasos recursos) proyectadas en toda esta zona, en torno al Camí d'en Guixó "la última zona de desarrollo del plan general antiguo", hubieran representado otra inversión de cuatro millones. El centenar de viviendas de precio libre previstas habrían sumado, según Tur otros 15 millones más y el equipamiento público proyectado se traduciría en otro millón más de inversión. A todo ello, los socialistas suman los dos millones de euros de la urbanización de la zona. "Es una decisión que no ha sido suficientemente valorada por la alcaldesa", denunció Tur, quien criticó que esta decisión no haya sido abordada antes en el consejo de administración de la empresa pública Promociones Urbanísticas, debido a las graves consecuencias económicas que a su juicio acarreará a esta sociedad municipal.
El portavoz socialista criticó además la incongruencia que representa el hecho de que los miembros del PP en este consejo de administración votaran en su día a favor del convenio, y que los 2,7 millones de euros que el Ayuntamiento está dispuesto a renunciar con la anulación del convenio estén incluidos como ingresos en el presupuesto de 2012 de esta sociedad pública municipal recientemente aprobados.
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