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El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, no adoptará ninguna decisión sobre la paralización de la declaración de interés general para So na Parets Vives hasta que no se aporten fundamentos jurídicos que avalen esta decisión. Huguet aseguraba ayer no haber recibido aún el escrito de la Comisión de Patrimonio Histórico de Ciutadella en el que se solicita la paralización de esta tramitación hasta que no se resuelva el expediente sancionador abierto a esta propiedad por presunta afectación al patrimonio arquelógico.

Huguet asegura que "cualquier decisión debe estar jurídicamente fundamentada, no podemos hacer algo que pueda ser considerado arbitrario". Así, entiende que estos argumentos jurídicos podrían ser aportados por la propia Comisión de Patrimonio, o en caso que no sea así, podría solicitarse un informe jurídico para comprobar la corrección o no de la decisión.

Además del organismo ciudadelano, la consellera del PSM Maite Salord también solicitó la paralización de la tramitación en la pasada junta de portavoces del Consell, apelando al hecho de que "podríamos estar ante uno de los atentados más graves contra el patrimonio arqueológico de una isla que quiere que le sea declarado Patrimonio de la Humanidad". Salord insistió ayer en criticar "el hermetismo del Consell sobre este tema, cuando en otros casos de incumplimientos similares no se había adoptado nunca la decisión de informar al afectado de la solicitud de información por parte de la oposición política". En este sentido, la consellera menorquinista ha puesto en manos de un abogado la situación "para que delimite la frontera entre el derecho a la información de los ciudadanos sobre un patrimonio que es suyo y los límites que puede imponer la Ley de Protección de Datos".

Sobre esta crítica, Cristóbal Huguet asegura que "simplemente procuramos ser escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad, y garantizarmos el derecho de cualquier administrado a tener defendidos sus datos, su propiedad intelectual y material". El conseller apunta que "únicamente hemos añadido un trámite de dar cuenta al afectado de las solicitudes, puesto que cuanto una Administración adopta una decisión, debe tener en cuenta que puede afectar a particulrares y debemos ser rigurosos en este sentido".