Alumbrado. El consumo energético anual de farolas e iluminación de lugares públicos cuesta 5 millones - Gemma Andreu

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Cada año, las administraciones de Menorca pagan unos cinco millones de euros para encender el alumbrado público de calles, carreteras y otras zonas. Además del coste que esto supone para las arcas públicas de Ayuntamientos y Consell, la generación de la electricidad necesaria para esta función supone un coste ambiental importante por la generación de gases contaminantes a la atmósfera. Ante esta realidad, el Consell se ha marcado un objetivo: conseguir que toda la iluminación pública de la Isla se sostenga a través de las energías renovables.

El conseller de Medio Ambiente, Fernando Villalonga, explica que a día de hoy el objetivo es simplemente esto, un objetivo, una idea en la que trabajar, una meta que conseguir. Ahora bien, asegura que ya se están dando pasos en este sentido. De entrada, como ya se anunció, el Consell habilitará instalaciones fotovoltaicas en el tejado de su sede institucional para generar más energía renovable y tener que consumir menos electricidad procedente de combustibles fósiles.

Cabe clarificar, de todos modos, que el objetivo no es que todas las farolas estén enchufadas a un dispositivo que genere electricidad a través del sol o del viento. Se trata, sobre todo, de que las administraciones públicas generen suficiente energía renovable para que los ingresos que obtengan al venderla les permita costear la factura de la electricidad. Es decir, hay que vender como mínimo energía por valor de cinco millones de euros, aunque la cifra real debería ser mayor, puesto que hay que tener en cuenta también los gastos de amortización de las infraestructuras que se habiliten para la generación de energía.

De todos modos, a día de hoy existe un impedimento para hacer realidad este objetivo, y es el mismo que obstaculiza otras muchas actuaciones: la economía. Poner en marcha infraestructuras que permitan la generación de energías renovables tiene costes muy elevados, tanto para el sector público como para el privado. En este sentido, Fernando Villalonga destaca la iniciativa aprobada ayer para dotar a Balears de un régimen especial para la generación de energías renovables.

Villalonga confía que con este trato especial para el archipiélago esté vigente, se desbloqueen diversos proyectos que ya existen sobre la mesa. Así, tal como informó este periódico semanas atrás, a día de hoy diez instalaciones eólicas están paralizadas. "Con este régimen especial, algunos de los inversores que estaban interesados en poner en marcha estos proyectos podrían recuperar su interés y rescatar sus iniciativas", comenta el conseller.

Ahora bien, además de la labor en la potenciación de las energías renovables, Villalonga añade que hay que trabajar también en la mejora de la eficiencia energética del resto de instalaciones. Es decir, sacar el máximo provecho a lo que se tiene, porque así, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, se mejoraría el rendimiento que se obtiene a través de la energía convencional.