La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alaior, que se celebró ayer a mediodía, desestimó el recurso de reposición interpuesto por el PSM contra el acuerdo de concesión de la licencia 24/2013 a la finca de Torralbenc. El acuerdo se adoptó en base a un extenso informe-propuesta emitido por los servicios jurídicos municipales en el que se analizan con profundidad todos y cada uno de los motivos aducidos en el recurso.
En este sentido, y tal y como señalan fuentes municipales, el análisis jurídico advierte de que el PSM se equivoca al pretender decir que el Ayuntamiento comete una ilegalidad al no sancionar al promotor por comercializar el establecimiento como hotel y no como agroturismo. El documento señala que el Ayuntamiento no es competente en la materia y, además, advierte de que en un estado de derecho la imposición de una sanción requiere la previa tramitación de un expediente sancionador por la administración competente, que no es el Ayuntamiento. El Consistorio lamenta que "el PSM se erige en juez y parte".
El informe señala que el PSM interpreta que la finca está fuera de ordenación. Y añade que no hay ningún precepto normativo ni ningún pronunciamiento jurisprudencial en toda la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Balears que respalde la interpretación del PSM sobre que la totalidad de la finca de Torralbenc se encuentre en situación de fuera de ordenación. Por lo que la interpretación del PSM "además de infundada, intoxicada y difamatoria es desacertada y resulta contraria a la ley".
A su vez, y respecto a las cuestiones técnicas del recurso, el proyecto se ajusta plenamente a la legalidad urbanística, tal como lo acreditan los informes técnicos.
Así, y en base al informe jurídico y a la propuesta de resolución contenida en el mismo documento, que se asume sin cambiar ni una sola coma por la junta de gobierno, según señalan desde el Consistorio, se desestima el recurso de reposición interpuesto por el partido nacionalista.
El Ayuntamiento resalta que "queda claro que la motivación que condujo al PSM a la grave campaña de desprestigio insinuando incluso actuaciones delictivas de los miembros del equipo de gobierno, no tienen ninguna fundamentación jurídica, siendo válido y legal el acuerdo de concesión de la licencia y siendo a su vez, ajustada a derecho la actuación del concejal de Urbanismo, Emilio Agis, que elevó la propuesta a comisión de gobierno, así como la actuación de la alcaldesa y los concejales que votaron a favor de dicha licencia.
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