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Buena parte de la caída de pasajeros se debe a los residentes. Los costes que soportan las compañías no dan para muchas alegrías con los precios en las OSP, ya que el coste por pasajero se acerca a las tarifas de referencia. Estas son dos de las principales conclusiones del estudio encargado por el Consell para conocer la realidad del transporte aéreo en la Isla.

Por eso, prácticamente todos los ponentes de ayer hicieron referencia al tren, al AVE, ya que en este caso los elevados costes no son obstáculo para que haya precios realmente asequibles, gracias al dinero que aporta el Estado para rebajar los billetes, tanto a residentes como a no residentes.

El argumento por el que los menorquines pagamos impuestos para financiar el AVE y por tanto merecemos un esfuerzo similar en el transporte aéreo, al que contribuimos además con las tasas aeroportuarias, se repitió constantemente ayer. Las alusiones a la red ferroviaria fueron muchas.

Joan Melis fue claro: «Quiero un AVE». Antonio Deudero aludió a la doble financiación: impuestos y tasas, «el agravio se produce cuando se compara con el AVE». Desde Air Nostrum, Juan Corral utilizó el símil en otro sentido, «somos el tren de cercanías de Menorca».

Pero la más explícita, sin duda, fue Sylvia Riera, de la Asociación de Agencias de Viajes de Balears: «Aquí pagamos trenes y carreteras que no disfrutamos y Adif (gestora de los trenes) ejerce una competencia desleal. El Gobierno tiene que ver cuánto paga por cada viaje en tren y equipararlo en el caso de los vuelos con las Islas». Una idea que puso sobre la mesa para corregir el agravio fue «que los residentes no paguen tasas».

Álvaro Middelman se apuntó a la misma teoría, la que equipara los precios (para todos) que se pagan por ir en tren entre dos ciudades españolas y la reivindicada tarifa plana para, por ejemplos, los vuelos entre islas.

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Mariano Bendito, impulsor de una compañía aérea local junto a Lorenzo Moll, también aludió a los grandes gastos en infraestructuras que se hacen en otros sitios, mientras a ellos les niegan un aval de 9 millones de euros para lanzar su proyecto. «Nos toman el pelo lastimosamente».
El conseller Luis Alejandre dibujó un rápido resumen de lo tratado durante cuatro horas y media, agravio ferroviario incluido.

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