Santiago de Udaeta, arquitecto: «Menorca está dejando de ser un territorio sostenible»

Con usted se va una parte de la historia reciente de Menorca. ¿Cómo ha crecido el Consell?
— No solo ha pasado de los primeros cinco funcionarios a los centenares de hoy en día, sino que ha ido adquiriendo protagonismo con el desarrollo del Estatut d'Autonomia. Aparte de las competencias de la antigua Diputación, que fue el embrión, el Govern balear le ha ido transfiriendo otras que han llenado de contenido su función social con todos los menorquines.

¿El Consell se ha llenado más de contenido de lo que entonces esperaba? ¿Hay más sede que competencias o están a la par?
— No, aunque ahora la administración está muy denostada, el Consell aún debe crecer más. En Menorca estamos por debajo del estándar de funcionarios por habitante porque, como cuesta pagarlos, nos parece que podemos funcionar con menos. Pero es necesario para cumplir la función pública que la sociedad menorquina demanda. Así que sí, ha crecido y aún puede crecer más. Solo cabe mejorar la eficacia de la gestión, agilizando los procedimientos. Y no es porque exista una excesiva burocracia, sino porque la gestión muchas veces no es eficaz.

Aún existen ciertas competencias, como las turísticas, que el Govern se resiste a transferir...
— Si no llegan no es problema del Consell, que está capacitado para ejercerlas, siempre que lleguen bien dotadas. La administración debe tener un personal excelente, aunque buena parte del funcionariado es vocacional. Por eso quiero reivindicar la profesionalidad e independencia de los compañeros con los que he trabajado. En general, se tiene una imagen muy distorsionada cuando, en realidad, los funcionarios son pulcros en cumplir estrictamente la legalidad. Y eso, sobre todo si has trabajado en la esfera privada, se hace pesado.

En este contexto, ¿cómo ha crecido y cambiado su trabajo de arquitecto en el Consell?
— En los años 80 nos dedicamos a funcionar como Diputación y a colaborar con los ayuntamientos. Redactábamos proyectos y dirigíamos obras en todos los municipios. Luego, en los 90 llegaron las competencias urbanísticas y nos centramos en planificar conjuntamente con los consistorios, asesorándolos técnicamente. Y, a partir del 2000, al asumir la gestión de Ordenación del Territorio, pudimos por fin diseñar y regular el crecimiento integral de la Isla, algo que veíamos necesario desde el primer día. Pero el Govern aún se ha quedado con Medio Ambiente. Es como si, desde allí, quisiera controlar o, al menos, hacer un seguimiento de lo que hace el Consell con sus competencias.

Lo mismo que hoy día con todas las nuevas leyes: la turística, la del Suelo, la agraria de Company...
— Sí. A medida que el Estado y la Comunidad Autónoma han ido legislando, nos han ido añadiendo normativas (las DOT, la Ley de Espacios Naturales, ahora éstas...) que debemos aplicar, y eso supone una dificultad añadida para los técnicos. El Consell insular se ha dedicado a controlar la legalidad técnica y jurídica del planeamiento, pero las leyes, sobre todo las aprobadas con el nuevo empujón de este año, han complicado aún más la cosa. Menos mal que me voy (risas)...

¿Hasta qué punto condiciona eso a la hora de planificar y legislar el territorio desde Menorca?
— El problema es que nuestra población supone tan solo el 10 por ciento de la balear y como la problemática de Mallorca, donde hay más conflicto, se considera que es mayor, no se atiende lo suficiente a las peculiaridades de Menorca.

Dejó el Consell en 2001, justo cuando se preparaba el PTI.
— Participé en la elaboración de la Norma Territorial pero, por motivos personales, tuve que marchar cuatro años, los dos primeros en comisión de servicios al Ayuntamiento de Vilassar de Mar y, luego, como profesional liberal en Barcelona. Me reincorporé en 2005. Entonces casi nadie optaba a las plazas de la administración. En cambio, en la última convocatoria del Consell se presentaron 35. Y eso es muy significativo. Nadie quería la cosa pública, porque se ganaba más fuera, pero ahora se ve como una fuente de creación de empleo.

Aunque no llegó a 'parir' el Plan Territorial Insular todavía en vigor, sí ha tenido que aplicarlo. ¿El PTI ha sido lo que tenía que ser?
— El Plan Territorial Insular ha sido el primer gran instrumento de ordenación con una visión integral de toda Menorca. Pero, pese a tratarse de un elemento clave de planificación, no podía preveer la grave crisis financiera que hemos sufrido en el mundo. La situación sociopolítico-económica ha cambiado desde 2003 de tal manera que urge, lógicamente, acomodarlo a esta nueva realidad.

¿Pero ha sido, como se dijo, un freno al desarrollo económico?
— Si miramos todas las urbanizaciones y espacios todavía pendientes de desarrollar en la Isla no nos los acabaríamos ni en los próximos 20 años. El suelo disponible aún es inabarcable, y hasta los precios han bajado. Otra cosa es que no haya dinero ni sistema productivo suficiente para mantener el mismo ritmo de crecimiento de entonces.

¿Pero ha pesado más la crisis o la excesiva restricción y protección emanada del documento?
— La administración puso un límite con el PTI, sobre todo, en el suelo rústico que, con los 'hortals', los campings y algunas industrias, había crecido de forma desordenada y sin control. Cambió el modelo para preservar el territorio, pese a la gente que cree que cabe conferir al campo una plusvalía añadida que complemente la renta agraria. De hecho, al focalizarse las expectativas de desarrollo turístico en las urbanizaciones, las poblaciones de Menorca han podido mantener sus centros históricos, que así no han sido deformados.

Pero la nueva Norma sí vuelve a flexibilizar la opción de poder construir en el campo...
— Es cierto, permite una ampliación de usos en el suelo rústico.

¿Y es eso congruente con la situación actual, con tanto suelo urbano aún disponible en la Isla?
— Todavía queda mucho por hacer en el suelo urbano y urbanizable. Por eso, ampliar las actividades en rústico es cambiar otra vez el modelo. Se trata de una decisión estrictamente política.

¿Y los núcleos de 'hortals'? ¿Por qué no se pararon sobre la marcha cuando se estaba construyendo de forma ilegal y masiva?
— Nadie fue especialmente consciente, desde el punto de la responsabilidad política. Se abrieron muchos expedientes de disciplina, pero no se vivió como un fenómeno grave, pese a que lo fue. Y lo es.

¿Cómo se reconducirá ahora?
— Seguirá siendo complejo. Se pretende dar un paso, a través de la Ley del Suelo, para legalizarlos como urbanos. Pero para ello, los individuos que construyeron ajenos al bien común deberán cumplir ahora unas condiciones de bien común, pero para tener lo mismo que ya poseen. La obligación de dotarse de infraestructuras siempre la han tenido, pero no la han cumplido. Por eso, dudo que con los recursos que tenemos, cada vez más escasos, vaya a poder hacerse ahora. ¿La administración debe invertir subsidiariamente para dotar de infraestructuras a quien ha edificado de forma ilegal, reclamándole luego contribuciones especiales sin saber si podrá pagar? Eso resulta extremadamente complicado. Soluciones técnicas y jurídicas las hay, y las ha habido, pero también cierta imposibilidad social para materializarlas. Por eso, no se trata tanto de castigar, sino de evitar que se siga incumpliendo la ley.

Menorca ha crecido en once años menos de lo que preveía el PTI.
— Así es. No se ha tenido que usar ni una sola de las plazas turísticas, a modo de cupos anuales, que preveía el Plan Territorial. Pero no tanto por la administración, a quien no corresponde impulsar la economía, sino por el empresariado. Es algo que deberá tenerse en cuenta ahora a la hora de revisar el PTI.

El PP inició el mandato comprometiéndose a aprobar el nuevo PTI en apenas un año, pero han pasado casi tres para poder ver los primeros trámites. ¿Por qué tardó tanto el exconseller Cristóbal Huguet en arrancarlo?
— Eso habría que preguntárselo a él. Nosotros no hemos podido participar de la Norma Territorial hasta la llegada de Marta Vidal al cargo, a principios de este mismo año.

¿Hay que crecer más en las ciudades? ¿Es partidario de aumentar la altura de los edificios, sobre todo en Maó y Ciutadella?
— Últimamente se habla mucho de la necesidad de aumentar la densidad de las ciudades. ¿Pero cómo? Si incrementas la población en los próximos urbanizables, también necesitas multiplicar las infraestructuras: alcantarillado, plazas de aparcamiento... Y eso puede acarrear consecuencias indeseables.

Los planes especiales de las Áreas Naturales (ANEIs) no se han desarrollado y se incumple la capacidad máxima de algunas playas. Aún hay un parking ilegal en Macarella, se crean otros no previstos en zonas como Mitjana...
— Este es otro tema de gestión. Los planes especiales fijan unos límites para no dañar el sistema dunar, ni el pinar, ni la posidonia, pero, en general, cuesta aplicarlos. Y muchas veces es por falta de medios de la administración. El incumplimiento del planeamiento siempre comporta problemas, y eso pasa porque la gestión no es correcta. Lo primero que me enseñaron fue a no planificar sin tener antes los recursos. Ocurre como con el mantenimiento de los edificios. Si no los puedes mantener, es mejor que no los construyas.

¿Se tiene suficientemente en cuenta a la hora de actuar que somos una Reserva de la Biosfera?
— Lo de la Reserva ha sido más una idea que una realidad. Un desiderátum de lo que nos gustaría ser. Pero, en muchos aspectos, nos estamos alejando de lo que sería un territorio sostenible. Es el caso, por ejemplo, del agua. La gestión de los recursos hídricos fija unos límites, pero parece que la sociedad no los percibe como buenos para el individuo. ¿Cómo que no puedo consumir agua, o construir en el campo? Cuando tocas el derecho individual, limitado por una ley, el ciudadano se rebela. Es complicado avanzar con estas reticencias.