Marta Vidal pretende que el Consorcio ayude a poner en orden núcleos irregulares. | Gemma Andreu

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La Junta de Gobierno del Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca ha ordenado la demolición de 47 construcciones ilegales en los dos últimos ejercicios, concretamente 29 en 2013 y 18 el año pasado. Estos expedientes corresponden a obras que no se han legalizado y que, por tanto, deben recuperar el estado anterior a la intervención que ha motivado el expediente. Las demoliciones son llevadas a cabo por el propietario o, si no es así, de forma subsidiaria por parte del Consorcio.

Un número inferior de expedientes de restitución, 29 en concreto, se han resuelto mediante la legalización de las obras realizadas, una vez obtenida la correspondiente licencia municipal. En ambos casos, pueden ser expedientes iniciados en ejercicios anteriores. El número de expedientes de restitución iniciados durante estos dos años es muy superior a los resueltos en el mismo tiempo, concretamente 121 (75 y 46).

Pese a ello, la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, asegura que el Consorcio «funciona con los plazos establecidos, no hay demoras excesivas».

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