Una retroexcavadora trabajanddo este lunes por la mañana | Gemma Andreu

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Las constructoras de las obras de mejora de la carretera general de Menorca en el tramo Mahón-Alaior han retomado este lunes los trabajos que habían ralentizado el pasado 18 de diciembre tras reclamar al Consell insular un sobrecoste que cifraron en 2,8 millones de euros.

El equipo de gobierno de la institución insular advirtió que no iba a considerar esta reclamación mientras las obras permanecieran ralentizadas.

Según han manifestado a EFE los portavoces de la institución insular, «no existe ningún compromiso para el incremento del coste de las obras» con la unión temporal de empresas Dragados-Antonio Gomila.

El Consell de Menorca ha anunciado que «en el más estricto marco legal y con la flexibilidad que la ley contempla, defenderá los intereses públicos» y ha indicado que «si esta defensa comporta la suspensión de la licitación por diferencias económicas insalvables, lo asumirá como una más de sus responsabilidades».

La institución insular ha destacado que la UTE ganó la licitación «por una ponderada propuesta entre mejoras técnicas que tenían en cuenta no solo las recomendaciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente, sino determinadas demandas sociales y su oferta económica de 7.574.238 euros no era ni la más barata (7.378.374 euros) ni la más cara (8.178.359)».

La mesa de contratación -compuesta por miembros del equipo de gobierno, de la oposición, servicios jurídicos, técnicos e intervención-, adjudico las obras el 28 de febrero de 2014 a partir de informes técnicos y jurídicos favorables. La decisión fue ratificada oficialmente el 28 de abril.

Entre los requisitos de la adjudicación figuraba el compromiso de redactar un proyecto unificado que incluyera al proyecto constructivo inicial, las mejoras y variantes ofertas. El proyecto se entregó el 10 de julio y fue aprobado el 3 de septiembre, mes en que se inició las obras.

Según el Consell menorquín, «la UTE Dragados-Antonio Gomila dispuso de marzo a septiembre del 2014 para verificar y consolidar su oferta».

La Ley de Contratos del Sector Público contempla incluso la renuncia previa, lo que se registró con la licitación de la fase dos del Camí de Torralba: la empresa ganadora renunció en tiempo legal y se contrató al segundo licitador.

Para la institución menorquina, «no deja de ser extraño que la UTE haya presentado una modificación de proyecto y suspensión temporal parcial de las obras el 18 de diciembre de 2014», tres meses después de haber iniciado la ejecución.

«Son normales las diferencias entre los proyectos y la misma ejecución de la obra sobre el terreno; diferencias que son abordadas por la dirección facultativa de la obra que puede compensar, redefinir e incluso modificar ciertos parámetros que compensen costes sobrevenidos», ha destacado el Consell de Menorca.