El miércoles 12 de agosto, Sa Xarxa acató la orden de desmantelamiento y echó el cierre al negocio, 24 años después. | Archivo

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El vecino propietario de una vivienda en la Placeta des Be que forzó al Ayuntamiento de Ciutadella a desmantelar la terraza del bar Sa Xarxa (Es Fabiol SL) por no ajustarse a la ordenanza en vigor presentó ayer un escrito en el Juzgado por el que desiste de seguir adelante con la querella criminal por presunta prevaricación por omisión que interpuso en mayo contra el entonces alcalde Ramón Sampol Antich.

La denuncia, que se hacía extensiva también a «cuantas personas puedan ser responsables de los hechos», ha sido retirada apenas un mes después de que venciera el ultimátum dado por el Ayuntamiento y se quitara la terraza del establecimiento, que llevaba activa desde su apertura hace 24 años. Ahora corresponde al titular del Juzgado número 2, Juan Pablo Hidalgo, decidir si da el caso por archivado al haber renunciado la parte querellante.

Esta noticia se produce apenas seis días antes de que se celebre en Palma la vista ante la Sala de lo Contencioso para resolver el recurso que, por vía judicial, presentó el año pasado la propiedad de Sa Xarxa contra la ordenanza de ocupación de la vía pública. El objetivo de esta reclamación es oponerse a la normativa municipal que confiere a los vecinos colindantes el poder de decidir si autorizan o no la terraza en cuestión.

Desde la aprobación de la nueva ordenanza, todas las peticiones de legalización promovidas por la propiedad habían sido desestimadas por el Consistorio que, aún así, permitió que siguiera abierto el negocio por espacio de un año. Aunque el recurso había sido desestimado el 31 de octubre, la terraza siguió activa sin más hasta el 22 de abril, cuando el vecino solicitó al alcalde Sampol el cumplimiento de la resolución y la retirada de la terraza.

Pero la «inactividad» de la administración y el hecho de que, con un permiso verbal, se ampliara la terraza llevaron al denunciante a interponer la querella por la «evidente negligencia» municipal. Tras las elecciones y a la vista de que la querella podía hacerse extensiva a la actual alcaldesa, el nuevo gobierno tripartito optó por ejecutar finalmente el desmantelamiento.