El 17 de septiembre se anunció la rescisión del contrato de obras, cuya ejecución debía finalizar este año, y sólo se ha ejecutado el 20 por ciento del proyecto | Aeromenorca

TW
17

Detener inmediatamente las obras en las rotondas polémicas. No era el primer punto, pero sí el que más consenso desprendía entre las tres fuerzas que firmaron el acuerdo de gobierno y uno de los más utilizados en el proceso político que desembocó en las elecciones de mayo y probablemente el más esperado. Además se hablaba de modificar el proyecto «en la medida que la ley lo permita» y se modificará, para ello se negocia desde hace casi un mes la rescisión del contrato de obras con la constructura y se ha acordado con el Ministerio de Fomento un año de prórroga para garantizar la financiación del convenio de carreteras.

Además de la voluntad política, la demora en la ejecución del proyecto con un 20 por ciento de obra ejecutada y el hecho de no haberse iniciado la discutida rotonda de Biniai son circunstancias que han ayudado la toma de la decisión «para reducir y revisar todo el proyecto y ajustarlo a las dimensiones de Menorca», explica la presidenta.

En materia de territorio, la parcela de gestión más sensible para todo equipo de gobierno del Consell, otros dos puntos incluidos entre los 12 acuerdos para los primeros 100 días no han corrido la misma suerte. No ha sido suspendida la Norma Territorial Transitoria en aquellos aspectos presuntamente contrarios a la sostenibilidad.  El conseller Santiago Florit ha explicado que no se puede hacer algo parcialmente porque la NTT «es excepcional y transitoria», de modo que se ha comenzado a trabajar en el compromiso de largo alcance, la revisión del PTI.

En materia de territorio, sin embargo, se han llevado a cabo  acciones no previstas como el cierre del aparcamiento ilegal de Cala en Turqueta en plena temporada decidido por la presidenta Maite Salord.

La revisión del procedimiento de adjudicación de la gestión de la planta de tratamiento de Milà tampoco ha sido posible, el equipo de gobierno ha aceptado seguir el proceso y adjudicar el contrato, si bien una de las empresas participantes ha impugnado el proceso, circunstancia que añade obstáculos a la resolución de uno de los problemas más importantes heredados del anterior mandato. Haber paralizado la tramitación administrativa habría implicado coste y demora en la solución.

El equipo de gobierno apunta asimismo que se está gestionando el mantenimiento de la inversión prevista por el Govern para las cuevas de Cala Blanca, una vez perdida la inversión prevista por Madrid.

Lea la noticia completa en la edición impresa del 13 de octubre en Kiosko y Más