Anticorrupción rastrea la casa de sus padres en la calle Carnisseria, en pleno casco antiguo. | Gemma Andreu

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Una comisión judicial dirigida por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y el titular del Juzgado número 2 de Ciutadella, Juan Pablo Hidalgo, registró durante todo este jueves en presencia de Avel·lí Casasnovas cuatro domicilios personales del exconcejal y su familia en los que sospechan que se blanqueó -mediante obras e inversiones- parte del dinero conseguido ilícitamente en las permutas urbanísticas del Ayuntamiento. Entre las diez de la mañana, cuando se puso en marcha la segunda jornada de la operación, y las nueve de la noche, en que se dio por concluida, la comisión judicial inspeccionó las dos viviendas en las que Casasnovas reside a lo largo del año (en Cala en Blanes y Santandria), así como el domicilio de su madre en la céntrica calle Carnisseria (la antigua Librería Nura), el taller de restauración y la residencia contigua de su hermana en la vecina calle de Sant Antoni. Pero, en contra de lo previsto, no se acercaron al estanco que el expresidente del PP-Ciutadella adquirió en Sa Contramurada, frente al edificio OAR. Durante los registros se incautó numerosa documentación, y hasta se reventó -con ayuda de los bomberos- la caja fuerte del domicilio familiar sin que, en palabras del abogado del detenido, lograra encontrarse nada significativo. El objetivo del fiscal y el juez es probar el aumento de patrimonio que Casasnovas y sus allegados habrían experimentado antes y después de su paso por la política, una pista que Anticorrupción sigue tras haber corroborado en los datos fiscales de Hacienda el presunto enriquecimiento ilícito del exconcejal y su entorno.
Secreto judicial Tras recabar la preceptiva autorización del Juzgado para llevar a cabo el allanamiento de la vivienda de Casasnovas, el fiscal Horrach se personó a las once de la mañana en el chalé de la Ronda de Sa Punta de Cala en Blanes donde el exedil tiene fijado su domicilio postal pero en el que, según la investigación y los vecinos, no reside todo el año, ya que lo alquila en verano. El rastreo, en presencia del exconcejal y de su abogado Xavier Lluís Lázaro -quien se desplazó en taxi-, se prolongó por espacio de dos horas y 40 minutos. A las cuatro y media se retomaron los registros, con la inspección del chalé de la madre de Casasnovas en Santandria en el que éste reside las temporadas en que no pernocta en Cala en Blanes. Una hora más tarde y de forma simultánea, la Policía Local cerró al tráfico la calle Carnisseria a la espera de la llegada del fiscal, el juez y el detenido, que a las siete entraban en la librería que da acceso a la vivienda de su madre, en la que ya se encontraba despachando su hermana Joana Casasnovas. Mientras se rastreaba la casa familiar, la comitiva judicial se personó en la libreria VaDLlibres, en la misma calle Carnisseria. El inmueble es propiedad de la familia, que lo tiene alquilado a terceros.

El momento más espectacular llegó minutos antes de las ocho de la tarde, al requerirse la presencia de los bomberos para que, con un compresor, una pinza hidráulica, una palanca y un martillo, pudieran abrir la caja fuerte. Veinte minutos después, los dos bomberos desplazados al lugar abandonaron la zona y de inmediato salieron el fiscal, el juez y el propio Avel·lí Casasnovas, custodiado por los guardias civiles. Se dirigieron al taller y a la casa de la hermana de Casasnovas, situada en la calle Sant Antoni, a pocos metros de la vivienda familiar. Durante una media hora se registró el domicilio, y cuando faltaban diez minutos para las nueve se dio por finalizada la segunda jornada de la operación. El juez Hidalgo ha decretado el secreto de las actuaciones, que este viernes proseguirán todavía en manos del fiscal Anticorrupción. Pedro Horrach prevé citar durante todo el día a detenidos, imputados y testigos en el cuartel de la Guardia Civil en Maó para que presten declaración antes de poner a disposición judicial a Avel·lí Casasnovas e Ildefonso Vinent, lo que probablemente pasará en la mañana del sábado, antes de que se cumplan las preceptivas 72 horas desde su arresto. Además de ellos, siguen imputados los empresarios Fernando Orfila, Antoni y Francesc Cavaller, a quienes se acusa de haber defraudado dos millones de euros a las arcas municipales.
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