La portavoz, Salomé Cabrera

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El convenio rubricado el miércoles entre el Consell y el Govern ha levantado ampollas entre el partido de la oposición. La portavoz del Grupo Popular en el Consell, Salomé Cabrera, critica «la sumisión» de la presidenta insular ante el Ejecutivo autonómico al considerar que «mientras que el Consell paga, el de Mallorca no pone ni un euro para el Parc Bit ubicado en Palma». Además, recuerda que el Govern destina once millones de euros anuales a la empresa pública Fundació Bit.

Cabrera indica que el anterior equipo de gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Alaior «dejaron el trabajo hecho durante el pasado mandato para que el Centre Bit fuera una realidad». De ahí que el PP considere que Maite Salord «solo tenía que negociar una buena financiación para Menorca, pero vemos que no está por la labor, Menorca no pinta nada para el Govern».

Recuerda que el Centre Bit era un proyecto financiado por el Gobierno central a través de partidas estatutarias, «inversiones que además, el Govern de Antich destinó a gasto corriente, por lo que hubo que reconducir la situación durante la pasada legislatura» a lo que añade que «ahora no tiene ningún sentido que el Consell deba hacer una aportación». Cabe recordar que el convenio rubricado el miércoles marca que el Ejecutivo insular hará frente a la mitad de los costes de mantenimiento de los espacios comunes del inmueble hasta un máximo de 30.000 euros.

El PP lamenta de esta manera que «el conseller de Innovación, Investigación y Turismo del Govern, Gabriel Barceló, ha sido incapaz de destinar una partida para sufragar los gastos íntegros de mantenimiento del Centre Bit» y agrega que «con esa decisión no solo genera desigualdades entre islas sino que pone de manifiesto que el Govern se desentiende completamente de Menorca». Pero para Cabrera «lo más preocupante de todo es la falta de liderazgo de la presidenta Maite Salord quien nos tenía muy acostumbrados a su papel reivindicativo cuando estaba en la oposición y desde que gobierna acepta cualquier decisión tomada en los despachos de Palma en vez de defender los intereses de Menorca».