El que fuera director de la APB, Ángel de Matías, durante una declaración en sede policial en el año 2011

TW
5

La «corrupción sistémica» que, en palabras del juez instructor del caso Mar Blau, ha reinado en la Autoritat Portuària de Balears (APB), no solo se tradujo en el amaño del concurso para la gestión de los amarres del Club Marítimo. También salpicó al contrato para la asistencia técnica del Plan Director del Puerto de Maó. El último auto del magistrado Antoni Rotger considera acreditado que la adjudicación en el año 2006 de este contrato a Sener Ingeniería y Sistemas SA se hizo de manera «ilegal» y con un sobreprecio de al menos 25.440 euros.

Una maniobra de la que acusa directamente al expresidente de la APB, Joan Verger (fallecido en 2013), el que fuera director del ente público desde 1995, Angel de Matías, y su hombre de confianza, Amado Justo Aguado (fallecido este año). Todos ellos se habrían beneficiado de su condición de funcionarios públicos para intervenir en la contratación. Para ello se habrían concertado con los también encausados Ramón Vilardell Codina y José Luis Cardona Enrich, directivo y asesor dependiente respectivamente de la empresa beneficiaria.

El juez se sorprende, además, de que este trabajo por el que Sener percibió un sobreprecio pactado entre ambas partes todavía no hubiera sido entregado en su totalidad en 2015, casi una década después, y eso que en su momento se anunció que el plazo de ejecución era de seis meses. Esta acusación se sustenta en el informe del segundo registro policial efectuado en la sede de la APB, donde se halló el documento relativo a la adjudicación.

La instrucción del caso Mar Blau ha tratado de dilucidar si detrás del pago de este tipo de informes han existido comisiones, un extremo que niegan los acusados. El Grupo de Delincuencia Económica y la Fiscalía Anticorrupción han mantenido, por su parte, que el ente público habría adjudicado de forma directa esta asistencia técnica por un presupuesto de 75.000 euros que posteriormente se aumentó hasta los 100.000.
Lo que se tendrá que aclarar en el juicio es quién se benefició de este sobrecoste y si existió un delito de cohecho en la adjudicación. Ángel de Matías, que ha sido el número 2 de la APB durante 16 años, defendió ante el juez la legalidad del proceso y aseguró que la ley vigente en ese momento permitía al ente hacer contrataciones directas de esa cuantía.

Según trascendió durante la investigación, el asesor Amado Justo Aguado había anotado en un dietario personal referencias a este contrato, en concreto a la conveniencia de ampliar el presupuesto otorgado a Sener y la necesidad de «hablar con Matías» sobre este incremento.

El Plan Director del Puerto de Maó no es el único contrato público en el que ha trabajado Sener en Menorca. Cuando la gestión del puerto de Ciutadella estaba en manos de Unió Mallorquina, en diciembre de 2009, el Govern balear le adjudicó por 329.258 euros un estudio sobre el efecto de las rissagues en la ciudad.


Nombres 'ilustres' junto a Díaz Ferrán llamados al banquillo

El fin de la instrucción del caso Mar Blau no solo sentará en el banquillo al empresario Gerardo Díaz Ferrán o al expresidente de la APB, Francesc Triay. En total son trece los acusados por su vinculación con esta trama, entre funcionarios públicos y empresarios. Es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Rodríguez-Toubes, Juan Rosselló Gelabert, Manuel Nadal de Uhler, Pedro Hernández Gómez, Juan Manuel Domínguez, Juan Rosselló Gelabert, Gonzalo-Pastor Pascual de Riva, Ángel Bustos y Jaume Ferrando.