Las estrechas calles de Pou Nou hacen que el Ayuntamiento considere que la red de saneamiento es una obra inasumible | Javier Coll

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El compromiso adquirido, o pendiente de adquirir, por seis ayuntamientos de la Isla de dotar de red de saneamiento a todos sus núcleos residenciales en un plazo nunca inferior a los seis años obligará a muchos ciudadanos a realizar contribuciones económicas especiales para financiar los proyectos. Cada caso es distinto, pero no la premisa de partida: es necesario que llegue una importante financiación adicional para este fin desde administraciones como el Govern y que los residentes en estos núcleos, al menos en la mayoría de los casos, pasen por caja, algo contemplado por la ley, además de afrontar las obras de acometidas en sus casas. Estos compromisos de dotación de alcantarillado son los que permiten a los ayuntamientos eludir el fin de la moratoria en la prohibición de conceder licencias en núcleos sin red de saneamiento. Los otros dos, Ferreries y Es Migjorn Gran, lo tienen todo en orden.

La teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Maó, Dolors Antonio, explica que hay que estudiar cada proyecto en concreto, «analizar su situación jurídica, ver si está recepacionada o no la zona y buscar las mejores opciones». De hecho, en Maó hay un caso en el que ya han aportado dinero los vecinos. Se trata de Sant Antoni, en S'Altra Banda, donde permanece intacto un depósito a modo de aval que los residentes ya abonaron hace una década para la ejecución de un proyecto de red de saneamiento que ahora se actualizará.

«Hay que ver cómo se creó cada núcleo». Emilio Agis, del Ayuntamiento de Alaior, considera que la dotación general de red de saneamiento en la Isla hace que «todos tengamos que participar». «Cada espacio es un caso distinto». Desde Sant Lluís, la alcaldesa Montse Morlà adelanta que «tendremos que explicar bien las cosas y dar facilidades, como fraccionamientos». Francesc Ametller, primer edil de Es Mercadal, recuerda que en Addaia los vecinos ya hicieron este esfuerzo y ahora están pendientes de conectarse a una depuradora, pero que en el resto «los residentes deberán aportar». De hecho, cada propiedad se verá revalorizada y verá mejorados sus servicios. En el caso de Ciutadella, la concejala Noemí Camps considera que aplicar las habituales contribuciones especiales de los vecinos en estos proyectos es preceptivo por el simple hecho de no crear agravios comparativos con inversiones precedentes.

Con todo, los ayuntamientos afectados consideran imprescindible una aportación externa, de administraciones superiores para afrontar tan potente inversión. Ya se ha descartado la vía de la ecotasa, aunque Maó insistirá en ella para Sa Mesquida y Es Murtar. Ametller asegura que «no lo podemos asumir todo, el Govern debe hacer un esfuerzo». Es Mercadal tiene el caso curioso de Na Macaret, pendiente desde 2009 de recibir 2,3 millones de euros del Gobierno en virtud de un convenio que incluye una reforma integral de su urbanización más antigua.

En Alaior, el equipo de gobierno incluyó la demanda de financiación del Govern en el acuerdo tramitado el jueves en el pleno. En Es Castell, el teniente de Alcaldía Florencio Conde explica que de momento pueden pagar el proyecto de Sínia Riera, pero que los otros dos están pendientes de analizar y evaluar.

Sant Lluís es el que más proyectos debe afrontar, por lo que Morlà comenta que el Consistorio contempla la opción de contar con técnicos externos para realizarlos ante la avalancha de trabajo que se viene encima, «No es nada fácil lo que se nos viene encima». Desde Maó aseguran que en cierto modo «la parte técnica es la más sencilla», lo más duro será ejecutarlo y pagarlo, aunque avisan que cada proyecto requiere informes de organismos como la Comisión Balear de Medio Ambiente. Atasco a la vista.