La finca de Orfila SL, centro de un proceso judicial que supera la década, está ubicada en Son Ganxo

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Se acabó el ir y venir de sentencias, recursos y autos judiciales. O casi, porque el auto recibido el viernes por la tarde en el Ayuntamiento de Sant Lluís todavía es apelable y esa es una opción que estudia el equipo de gobierno, según reconoció este martes por la tarde la alcaldesa. Sin embargo, el Ayuntamiento ha asumido que debe realizar provisión financiera suficiente -algo más que los 200.000 euros consignados en los presupuestos de este año- para comenzar el abono de una cantidad todavía indeterminada pero que rondará los diez millones de euros. El presupuesto municipal de este año es de 11,6 millones.

El auto judicial establece quince anualidades para abonar la indemnización de Orfila SL, establecida en la setencia última anterior (7 de octubre de 2013) «en la cantidad de 6.050.036,10 euros, que devengarán los intereses correspondientes». ¿Desde cuándo se calculan los intereses?, «hay tres fechas posibles y en el auto no se especifica ni desde cuándo ni el montante total de lo que hemos de abonar», explica Montse Morlà, pero el interventor trabaja ya en la asignación de fondos para esta obligación en los presupuestos de 2017, aunque, salvo apelación, podría empezar a pagarse antes, en cuanto los representantes de Orfila SL presenten la documentación correspondiente.
La indemnización, que dirime el incumplimiento municipal del convenio urbanístico de 1997, está fijada en sentencia firme. Lo que se ha discutido desde 2006 es el cómo, la ejecución de la sentencia, de la que el auto conocido ahora constituye el último capítulo.

Los quince años de plazo establecido por el juez reducen a la mitad los 30 que había solicitado el ayuntamiento en el mandato anterior tras el fallo judicial de 2013 para evitar quebranto a las arcas municipales si el pago se concentrara en plazo más breve, pero triplica el plazo de cinco años que había solicitado la parte demandante.