Nel Martí, ern el Parlament. | J. MOREY

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El portavoz parlamentario de Més per Menorca Nel Martí, en un artículo publicado en el blog de Menorca [a] Debat apuesta por despenalizar la quema de banderas de España y fotos del Rey. Se muestra a favor de la proposición de ley que presentó ERC, y que fue rechazada por PP, PSOE y C's, para modificar el Código Penal para despenalizar las injurias la Corona y los ultrajes a España, tras la polémica en Catalunya por la quema de fotos del rey por parte de miembros de la CUP.

Martí recuerda que el Código Penal establece penas de cárcel de entre 6 meses y dos años para calumniar o injuriar al rey, o a sus ascendentes y descendientes, y multas si se utiliza la imagen del rey para dañar a la Corona o si se ofende a España o a las Comunidades Autonómas. El diputado menorquinista cree que "en una democracia moderna, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental, no tiene sentido que quemar una bandera española o una fotografia del rey, o cualquier otra expresión política en contra, de contenido crítico o satírico, sea considerado en el ordenamiento jurídico una injuria o un ultraje".

Lamenta que esta "prevención jurídica" haya sido "reforzada por la interpretación del Tribunal Constitucional", al que acusa de estar al "servicio de un españolismo rancio y muy poco liberal, que quiere proteger, hasta hacerlas intocables, las figuras de la 'patria común' y la monarquía". Algo, recuerda Martí, que no pasa en otras democracias avanzadas, como en Estados Unidos, donde quemar una bandera americana no es delito. Para Martí esta "hiperprotección" solo es comprensible desde el "españolismo posfranquista que quiere dejar atada y bien atada la indivisibilidad de la nueva, y fracasada, nación llamada España".

"A mí no me gustaría que se quemara una bandera menorquina, ni una bandera pacifista, ni una bandera con el Arco Iris, pero me gustaría menos que la consecuencia de quemar una bandera para manifestar un rechazo sea una sanción o una condena", afirma.

Nel Martí no defiende una libertad de expresión total, y asume que esta debe tener límites, los mismos que imponen la mayoría de estados europeos, para no tolerar la apología de la violencia, el racismo, xenofobia, el machismo o la homofobia. En este sentido no entiende como el Tribunal Constitucional puede considerar delito quemar fotos del rey en una plaza de Girona, y en cambio no lo sea difundir ideas o doctrinas que niegan el holocausto.