Los coches se acumulan estos días en el polígono industrial de maó a la espera de entrar en servicio en los próximos días. | Gemma Andreu

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La Asociación de Alquiler de vehículos sin conductor de Balears (Baleval), que representa a 16 grandes empresas rent a car, es la única que se ha negado a firmar el código de buenas prácticas impulsado por la dirección general de Consumo. Tan solo dos de ellas se han desmarcado y han adquirido el compromiso de cumplir con lo establecido por el Govern. Son Enterprise y Hiper Rent a Car.

Desde el Govern apuntan que son, justamente, las multinacionales las que suelen cometer más abusos, de ahí la relevancia de su negativa. En términos generales, es un sector que acumula numerosas quejas. De hecho, es el segundo con más reclamaciones en Balears por detrás de la telefonía y el cuarto a nivel insular durante los últimos dos años.

Es por ello que se ha creado este código de buenas prácticas, que otorgará un sello de excelencia a aquellas empresas que hayan superado las inspecciones y certifiquen que cumplen lo establecido. De este modo el consumidor podrá distinguir cuáles están avaladas por la administración autonómica.

Por otro lado, la otra gran patronal, la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) sí ha firmado el documento. Hoy está previsto que también lo haga la Asociación Menorquina de Coches de Alquiler, adscrita a PIME. Ambas representan a las empresas más pequeñas del mercado.
Con la elaboración de este documento el Govern pretende regular el sector, poner orden y que todo el mundo se registre. Y es que es prácticamente imposible conocer la flota de vehículos de alquiler existente durante la temporada turística, cuando su demanda se dispara, puesto que en muchos casos no se da cuenta a la administración competente.

Algunas patronales apuntan a que las cifras oficiales tan solo representan la mitad de los coches reales, lo que dificulta calcular el impacto del sector y regularlo, en caso de que sea necesario.

Sanciones
La Dirección General de Consumo del Govern está investigando posibles prácticas abusivas de dos empresas de alquiler de coches de Menorca. Tras recibir las quejas de los clientes, ha procedido a abrir sendos expedientes sancionadores. Una de las empresas se enfrenta a una sanción leve, que va desde los 300 euros a los 4.501, por negarse a facilitar la hoja de reclamaciones al usuario del servicio.

El otro expediente, sin embargo, recoge dos denuncias (dos clientes distintos que presentan reclamación de la misma empresa se resuelven en un solo expediente) y ambas se consideran graves, puesto que responden a publicidad engañosa o información sesgada de los elementos contractuales. En este caso, la sanción máxima pasa a ser de 24.000 euros por cada denuncia. Una de ellas tiene que ver con la franquicia del seguro y la otra con el pago del carburante a la entrega del vehículo.

En 2016, en cambio, no hubo ningún expediente sancionador. Las reclamaciones se resolvieron antes mediante mediación. En la mayoría de las ocasiones, estas reclamaciones se remiten a la Junta Arbitral de Transportes, ya que dicho organismo tiene competencia para resolver a través de laudos arbitrales.