Trapsa Yates obtuvo en 2008 la gestión de los 165 amarres del Moll de Llevant, luego ratificada con una segunda valoración. | Javier Coll

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Los antecedentes y el futuro de los amarres del Moll de Llevant, del puerto de Maó, que gestiona en estos momentos la empresa Trapsa Yates, están pendientes de la administración de justicia. El martes, seis años y medio después de que estallara la operación Mar Blau, se conocieron las penas que el fiscal solicita para la docena de implicados en el presunto amaño de la más voluminosa concesión de la rada mahonesa, en vigor desde 2008 pese a la revaloración llevada a cabo, también a instancias de la Justicia, hace aproximadamente dos años.

Después de unos años de cierta crisis, la actividad en los amarres está siendo buena en los últimos ejercicios, según algunas fuentes. El negocio se intuye rentable, y prueba de ello es que no hay noticias de que Trapsa Yates tenga problemas para afrontar un canon anual de 616.000 euros, que supone casi de la mitad de los ingresos que obtiene Autoridad Portuaria de Balears por sus concesiones en el puerto de Maó. En los inicios de la concesión sí trascendieron ciertos problemas a la hora de hacer frente a esta cantidad, el principal argumento por el que el concurso se decantó a su favor, más allá de lo que resuelva el juez en el caso Mar Blau. La última memoria económica de Autoridad Portuaria de Balears da el ingreso por bueno y efectivo.

Trapsa Yates está en estos momentos bajo administración judicial. Esta situación condiciona el futuro de los controvertidos amarres. En verano de 2015 el Club Marítimo de Mahón, anterior gestor de los 165 puntos de atraque, presentó una oferta formal para adquirir la concesión. Desde la entidad social y deportiva siempre han defendido que su futuro pasa por obtener estos ingresos. Saben a poco los 46 amarres que explota algo más hacia el oeste, en las inmediaciones de La Sirenita.

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