La demolición se ordena por las obras mediante las cuales el ‘safareig’ se cubrió para poder almacener el agua. La tramitación d

La demolición se ordena por las obras mediante las cuales el ‘safareig’ se cubrió para poder almacener el agua. La tramitación del expediente se remonta a 2010, cuando se emitió la propuesta de resolución. | Gemma Andreu

Pep Mir09/05/17 0:00
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Desde el momento en que sus cinco compañeros del equipo de gobierno, respaldados por la gestora insular del PSOE, reclamaron su renuncia por lo que consideran una serie de irregularidades en su gestión, el alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, ha llevado a cabo varias acciones para tratar de enmendar algunas de estas actuaciones. La documentación que deja constancia de estas enmiendas ha sido aportada por el propio Moll como parte de su defensa en el expediente que en estos momentos tramita el partido, y que está ya en su recta final, para luego ser enviado a la dirección estatal. El alcalde asegura que lo ha hecho a instancias del propio instructor para probar su honestidad.

Una de estas decisiones corresponde a un expediente por parte del Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico a una finca propiedad del alcalde y una segunda persona en la zona de Es Plans de Dalt, en Es Migjorn. Según la documentación a la que ha podido acceder este diario, el 13 de marzo de 2017, dos semanas después de que se conociera la controversia y diez después de que los concejales del PSOE explicaran las razones de su postura, Pere Moll entró un escrito en el Consorcio en el que anuncia que procedería a la demolición del cubrimiento de un safareig, actuación ilegal e ilegalizable por la que fue objeto del citado expediente en 2010, cuando todavía no era alcalde. De este modo, se constata la existencia de una irregularidad que, siempre según algunas fuentes del partido, incluso llegó a negar en las últimas semanas.

Pere Moll acata así una demolición que fue dictaminada por los técnicos del Consorcio en septiembre de 2010, con un plazo de ejecución de tres meses. Se da la circunstancia de que a comienzos de 2017, el alcalde recibió un nuevo requerimiento del Consorcio en este sentido, que esta vez, seis años y medio después, sí ha obtenido una respuesta positiva. La orden de demolición se tramita en paralelo a la sanción que le corresponda, que se verá reducida en cuanto se restituya el espacio, de apenas diez metros cuadrados.

El expediente incluye además un cambio de uso de un almacén a vivienda, anterior en el tiempo, realizado por un anterior propietario de la finca, tampoco legalizable y que el Consorcio insta también a revertir. La denuncia por el caso de la alberca se presentó en abril de 2010, cuando se detectó que se estaba procediendo a cubrirla para pasar a utilizarla como depósito de agua para el uso agrícola y ganadero.

Pere Moll reconoce que la instrucción del expediente por parte del PSOE ha precipitado que acatara ahora la orden de demolición de esta obra de 2010.Explica que hasta este momento no lo había hecho porque buscaba vías para intentar dar con una solución alternativa. «Está mal hecho, y me ahora me he dado cuenta de que no lo puedo legalizar», concluye.

Segundo frente urbanístico en sus propiedades

No es la alberca la única controversia urbanística en la que se ha visto implicado el alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll. En junio de 2014 se supo que el Ayuntamiento había firmado la caducidad de un expediente por unas obras ilegales realizadas en su casa, puesto que la infracción, que correspondía a unas actuaciones realizadas en 2004, en concreto la construcción de una terraza y una piscina no ajustada a la licencia, habían prescrito (lo hacen a los ocho años). Moll justificó entonces la medida por la saturación del área de Urbanismo, que hizo que la resolución de su expediente no llegara a tiempo para eludir la caducidad.