Santa Ponça es uno de los proyectos que en agosto salió a información pública el interés general para agroturismo | Gemma Andreu

TW
6

Ya advirtieron que quemarían hasta el último cartucho para evitar el colapso de la inversión a causa de la derogación parcial de la Norma Territorial Transitoria. Y han entrado en acción. La Demarcación de Menorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears y el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers d'Edificació de Menorca han presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno que aprobó la derogación parcial de la NTT. La propuesta del sector de desistir de su derogación y suspender solo algunos puntos controvertidos no fue aceptada por el Consell.

El gran temor de ambos colectivos radica en un nuevo parón económico, propiciado por la reactivación de una serie de supuestos «que pueden deteriorar la recuperación». Se dibuja un «horizonte lleno de incertidumbres». Y es que «no hay nada más nocivo que la inseguridad jurídica». Los continuos cambios normativos «deterioran la calidad de los proyectos y crean una imagen muy negativa como entorno interesante para la inversión», indican.

El presidente de la Demarcación, Enric Taltavull, concreta que «no discutimos el modelo del PTI que ha tenido muchos aciertos, pero también ha generado problemas, con preceptos que han sido ineficientes, inadecuados o confusos».

Y aunque la NTT era más expansiva y tenía algunos aspectos contradictorios, «con los decretos ley del Govern de 2016 quedó limitada a un modelo sostenible, eliminando estas expansiones y con lo que no hemos tenido ningún caso alarmante que haya que lamentar».

Advierten de que hay entre ocho y diez proyectos que van a quedar afectados y anulados por el efecto retroactivo. Además, asevera que la reactivación de la transitoria cuarta del PTI supone demoler edificios auxiliares para ampliar la casa principal, lo que se traduce en «destruir bienes etnológicos, algo nada positivo para compensarlo con obra nueva». También impide, indica, «el uso residencial en edificios auxiliares obsoletos que se verán abocados a la ruina o a intervenciones ilegales sin control técnico».

Para el presidente de la Demarcación algo ocurre con la derogación de la Norma cuando el documento tiene 17 páginas y el informe explicativo, 90.