El chalé fue demolido por sentencia judicial en marzo de 2013 . | Archivo

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«No podemos entender cómo es posible que la persona que ha provocado el mayor daño económico a las arcas municipales siga asumiendo responsabilidades de gobierno y nadie diga nada».

Sobre este argumento, el PP de Sant Lluís propone la apertura de una comisión de investigación para esclarecer las condiciones de la concesión de licencias urbanísticas durante la etapa de la alcaldía de Llorenç Carretero. Concreta la investigación en Binifadet y Orfila SL, que han supuesto indemnizaciones millonarias

Al igual que la alcaldesa Montse Morlà, el PP considera que ya no queda recorrido judicial para evitar la indemnización de Binifadet, una casa levantada con licencia del 3 de junio de 2004 -posterior al PTI de 2003- anulada después por no ajustarse a la legalidad.

El Grupo Popular sostiene que Llorenç Carretero conocía los cambios introducidos por el PTI, «no podemos entender por qué otorgó una licencia para una vivienda en rústico cuando las normas de ordenación territorial de Menorca habían cambiado», declara el portavoz popular Cristóbal Coll.

El PP coloca en la diana de la crítica al exalcalde, a quien pide explicaciones y responsabilidaes políticas, y por extensión al equipo de gobierno Volem Sant Lluís, que se sostiene con el voto decisivo de Carretero. «Cómo es posible que se mantenga en el poder a una persona que ha llevado a Sant Lluís a la runia y en cambio hace unos meses la alcaldesa hiciera dimitir a una concejal de Volem por un error en la transcripción del programa de fiestas», agrega Coll.

Doce más dos

De Son Orfila, recuerda que la sentencia obliga a pagar 780.300 euros anuales durante 15 años, unos 12 millones de euros para un ayuntamiento que cuenta con un presupuesto de 13 millones, «técnicamente supone quiebra», apunta. Carretero reconoció el error, «pero seguimios sin noticias de las responsabilidades». A esos 12 millones habrá que sumar en torno a dos más por Binifadet.

Por su parte la alcaldesa declara que no se ha estudiado jurídicamente la sentencia e independientemente de algún resquicio de apelación por errores materiales en la resolución judicial, «tenemos asumido que el Ayuntamiento ha de pagar, solo esperamos que el juez diga cuánto», asegura Montse Morlà.