Conocido el informe del Consultiu, Meliá Internacional Hotels confía en que el trámite de otorgamiento de la licencia «prosiga con total normalidad». De hecho, superado el escollo de las dudas jurídicas, el grupo hotelero prevé acometer la mayor parte de las obras en el invierno 2018-19 y dejar para el invierno siguiente únicamente los trabajos que no logren acabarse en el primer asalto.
La empresa ha mostrado su satisfacción por el contenido del informe y adelanta que el proyecto solo puede ejecutarse, «hoy por hoy», conforme a la licencia solicitada y aún pendiente de otorgar. Defiende la propuesta argumentando el esfuerzo realizado «de forma totalmente voluntaria» pra mejorar el impacto visual de las torres «al reducir el 15 por ciento del efecto pantalla de las mismas», lo que supone un sobrecoste de cinco millones por implicar la demolición de las plantas superiores y reconstruir espacios en las plantas inferiores.
Alega además la repercusión económica favorable del aumento de categoría del complejo hotelero a cuatro estrellas superior, lo que generará más consumo en el entorno «al reducir el grado de 'empaquetamiento' de comida y bebida de manera significativa, circunstancia que moverá clientes a establecimientos del exterior en beneficio de la oferta complementaria. La empresa recurre también a la vertiente laboral en la defensa de su proyecto y recuerda que se crearán cien empleos directos y estima en dos centenares los puestos de trabajo durante la realización de las obras.
Alternativas
Enfocado el futuro con esa perspectiva, Meliá no elude referirse a las alternativas que las instituciones y entidades sociales han planteado con el fin de reducir más el impacto paisajístico de las dos torres a pie de playa con una rebaja adicional de las alturas. Asume que es una demanda bastante generalizada y señala que existen alternativas que «está dispuesta a estudiar, por supuesto, pero implican alcanzar acuerdos previos con todas las administraciones competentes que, manteniendo la viabilidad económica del resultado final, desarrollen las necesarias modificaciones o ajustes en los instrumentos de ordenación», que apuntan directamente al PTI y al Plan General de Alaior.
La complejidad de esa tramitación, «una tarea que puede llevar años en materializarse» frena las posibilidades de éxito de las negociaciones, «si bien el proyecto ahora propuesto es compatible con alguna de las propuestas anunciadas por la administración» en referencia a la reubicación de la edificabilidad en las parcelas colindantes.
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