La consellera autonómica de Hacienda, Catalina Cladera, considera que la reclamación del dinero abonado al Consell en concepto de anticipos financieros a cuenta, 8 millones de euros, y el anuncio de la pérdida de los 8,5 millones pendientes, es un primer paso «a un nivel muy técnico» en la negociación bilateral de este concepto. «No hay que dar nada por definitivo, se está trabajando, estamos en una fase muy inicial». De hecho, «todavía no tenemos respuesta del Consell».
Aún así, Cladera defiende, en contra de la tesis del Consell, el sistema empleado por el Govern, con una liquidación teórica retroactiva desde 2008, en base a la Ley de Financiación de 2014, que ha dado como resultado que durante el periodo 2008-2013 la institución insular estuvo sobrefinanciada, por lo que no le correspondería anticipo alguno.
«Como su nombre indica son anticipos a cuenta, se realizaron a cuenta de un sistema definitivo, son cantidades provisionales, esta es la filosofía básica de esta figura», comenta Cladera. Discrepa el Consell. La consellera Cristina Gómez y el director insular Gabriel Pons Moles exponen que la liquidación retroactiva «es un ejercicio teórico que no se contempla en ninguna ley, no aparece en ninguna disposición adicional», es más, aseguran, va en contra de la Ley de Financiación, que en su preámbulo indica que «no puede suponer en ningún caso una disminución de los recursos ya obtenidos».
«Entendemos los anticipos como una aportación no condicionada, se ha incurrido en un cambio del marco de la negociación sin que nada lo ampare». Catalina Cladera reconoce que la Ley de Financiación de 2014 no define mecanismo alguno para la regularización de los anticipos financieros, «no se contempló, aplicamos una ley que no es nuestra, es del PP», pero da por buena la liquidación retroactiva para encarar un asunto complejo. «Nadie hasta ahora lo había afrontado», resalta.
Una de las claves del saldo negativo del Consell de Menorca, y de la importante disminución de los derechos de cobro por bestretes de los otros consells, es que la Ley de Financiación condiciona buena parte de las cantidades a transferir a variables relacionadas con la coyuntura económica, «cuando en 2010, 2011 y 2012 la recaudación del Govern estuvo muy por debajo de lo previsto». Desde el Consell, Gómez y Pons Moles apuntan que al menos Menorca tuvo la prudencia de no incluir los anticipos pendientes en el capítulo de ingresos de sus presupuestos, no como el resto de consells que ahora se enfrentarán al reto de cuadrarlos.
Sobre el proceso de negociación, Gómez rechaza la bilateralidad en este nuevo escenario, y pide la convocatoria del comité financiero interinsular. Tampoco acepta entrar a discutir los números de la liquidación presentada por la Conselleria de Hacienda, y así se lo hará saber en una respuesta que se está tramitando. La consellera y el director insular coinciden en que «no estamos en esta fase, no iremos al detalle de lo que nos presentan, no estamos de acuerdo en el hecho de haber sacado un saldo, solo negociaremos sobre el calendario de pago de los 8,5 millones de euros pendientes por los anticipos acordados». Aseguran que Intervención así lo avala.
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