La exconsellera Marta Vidal. | Javier Coll

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La exconsellera Marta Vidal considera que la sentencia debe apelarse y que la Administración, antes de que culmine un recorrido por las distintas judicaturas que prevé largo, dispone de recursos para evitar una hipotética indemnización que de momento no se contempla. Entre esas opciones cita la posibilidad de declarar urbanizables los terrenos, que es la calificación que tenían antes.

Analiza la resolución de la juez Núria Ramos desde una doble dimensión de responsabilidad, «porque soy la consellera que tramitó aquel expediente y porque no puedo defenderlo personalmente en los tribunales».

Sentencia

De la sentencia cuestiona, en primer lugar, que toda la valoración discurra en torno a la Ley del Suelo Rústico cuando el proyecto se tramitó en función de la ventana que abrió la Ley 8/2012 de Turismo de Balears. La disposición adicional 19 es la que reconocía la exoneración de las limitaciones a las que se refiere la sentencia conocida ayer. «Con la Ley de Suelo Rústico ya sabíamos que no salía», pero le extraña que se haya descartado la ley turística, del mismo rango jurídico que la del suelo, pero preferente al ser específica frente a la segunda, que es general.

Para ello los proyectos turísticos debían reflejar entre otros requisitos un aumento de calidad, contribuir a la desestacionalización y generar más empleo, entre otros. «Las leyes han de interpretarse a la luz de la exposición de motivos, que habla de 'contribuir' y efectivamente ese proyecto contribuye a mejorar el producto turístico», razona Marta Vidal.

Recuerda además que la declaración de interés general incluyó condiciones como la renuncia a urbanizar 45.000 metros cuadrados, que no fue una concesión de la empresa «sino una exigencia», precisa. «Los informes internos no eran contrarios sino indecisos, el problema es que no existían antecedentes», explica, «pero nuestra resolución estaba totalmente motivada, el expediente constaba de 120 páginas y, a la vista de la sentencia, da la impresión de que no se ha leído».

Marta Vidal se puso ayer mismo a disposición del Consell por si se le demandan explicaciones o ayuda respecto a las vías de defensa que puedan emprenderse. En todo caso, apunta, «espero una actuación decidida como la que tuve en mis quince meses en la Institución en la que logramos dar la vuelta a alguna sentencia como la segunda de Cesgarden en la que nos exigían 11 millones más y demostramos que intentaban engañarnos porque habían comprado el suelo como rústico antes del PTI», recuerda.