Los ayuntamientos tienen en caja más de 25 millones que no pueden invertir

Los ocho consistorios de la Isla acabaron el año pasado con unos remanentes de tesorería globales de 43 millones de euros, según consta en las liquidaciones de los presupuestos municipales de 2017, que ya han remitido al Ministerio de Hacienda. Son datos sin duda positivos, que demuestran la elevada liquidez con la que cuentan los consistorios de Menorca, tras años de austeridad y limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, no quiere decir que todo este dinero lo tengan en caja y menos aún que lo puedan destinar a lo que quieran. Estas cantidades incorporan el dinero que tienen en el banco y las obligaciones pendientes de cobro, entre ellas los saldos de dudoso cobro que, como indica su nombre, son importes que no se puede garantizar que lleguen a cobrarse.

De estos 43 millones, si se descuentan los cobros dudosos, más las partidas de inversiones que no se han ejecutaron en 2017 y que son traspasadas a este año, más el importe que se dedicarán a las inversiones sostenibles (que están todavía por definir, en función de los informes de los respectivos interventores) quedan en caja unos 25 millones de euros que no pueden usarse, y que posiblemente sean algunos más, según los cálculos de los consistorios de la Isla.

Los gobiernos municipales hacen una doble lectura de todo ello. Por un lado, la ley presupuestaria y la regla de gasto impuesta en estos últimos años por el ministro Cristóbal Montoro es la que ha hecho que los ayuntamientos tengan este alto nivel de liquidez, pero a la vez están atados a la hora de poder ejecutar inversiones necesarias.

La posición unánime de los representantes municipales es reclamar una flexibilización de la regla de gasto. No solo es una petición de los gobiernos de izquierdas. «La ley ha sido positiva, porque ha puesto fin a poder gastar lo que no se tiene y los ayuntamientos se han saneado, no obstante también es verdad que ahora la regla de gasto se tendría que flexibilizar», afirma Cristóbal Marquès (PP), concejal de Hacienda de Alaior.

No obstante, Marquès matiza que tampoco sería bueno poder invertir todo el dinero que se tiene en caja, ya que siempre hay que «reservar los gastos de al menos dos meses», porque «sino pasa lo que nos pasó cuando llegamos al gobierno de Alaior en 2011 que había un remanente negativo de 900.000 euros».

Más contundente se muestra el edil de Maó Jordi Tutzó (Ara Maó): «No tiene lógica, tenemos el remanente atado, es un claro recorte a la autonomía municipal»», más «cuando el Ayuntamiento siempre ha cumplido, al final están penalizando a los cumplidores», se lamenta Tutzó.

Similar lo ve José López (PSM), de Ciutadella. «No podemos hacer inversiones porque estamos encallados con la regla de gasto; nos conformaríamos con que lo pudiéramos destinar a pagar las sentencias y evitar los intereses, pero tampoco podemos», afirma. Y añade: «Ya no pedimos que se suprima, pero si que se adapte a la capacidad de generar ingresos que tiene cada ayuntamiento».