Espacio de la concesión en el privilegiado emplazamiento del Moll de Llevant del puerto e Maó visto de la Punta des Rellotge

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Autoridad Portuaria aumenta la presión sobre Trapsayates para que abandone la concesión de amarres que le fue otorgada en 2008 y rescindida en 2017. La última iniciativa en esa línea ha sido la notificación que ha enviado a los propietarios, consignatarios, y capitán o patronos de embarcaciones usuarias de ese espacio para que abonen directamente las tasas al organismo público porque no reconoce al concesionario. Trapsayates es ahora mismo para la Administración, desde diciembre pasado, un okupa del dominio público.

Como se sabe, el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears aprobó el 13 de diciembre una resolución en la que declara la caducidad de la concesión para la gestión de los puntos de amarre del Moll de Llevant entre la Punta de Cala Figuera y la de Punta des Rellotge.

El segundo punto del acuerdo concedía un mes de plazo a Trapsayates para abandonar la concesión, que medio año después, todavía no ha abandonado ni tampoco tiene intención de hacerlo.

La T-0 y la T-5

Desde la fecha de esa resolución, Autoridad Portuaria no cobra ni el canon ni las tasas a Trapsayates por cuanto «no tienen título habilitante para ocupar este espacio de dominio público portuario» y cobrarle supondría reconocerlo. Sin embargo, sí se está generando el derecho a percibir esas tasas por cuanto sigue habiendo usuarios.

Se trata de la tasa de ayuda a la navegación (T-0) y la tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T-5), de la que están exentas, en el segundo caso, las embarcaciones pequeñas. No es tanto la recaudación, de escaso volumen, como el aviso directo de que ese espacio ya no pertenece a concesión alguna y por ello, el organismo portuario recomienda a los responsables de las embarcaciones «regularizar el pago de las tasas correspondientes» pasando por sus oficinas.

Para la empresa significa confundir al usuario y perjudicar al turismo. De los 165 amarres, 120 tienen carácter de base, de ocupación permanente, y el resto están dedicados a barcos en tránsito. Son, por tanto, los primeros los principales destinatarios de la nota de Autoridad Portuaria.

Trapsayates conoce esa comunicación por contacto con los clientes, «nadie nos ha dicho nada, seguimos cobrando las tasas, se ha creado un conflicto doble y el que pierde es el cliente», explica un portavoz de Trapsayates en Maó.

Fuentes de Autoridad Portuaria reconocen que no hay comunicación a la empresa precisamente porque ya se le ha retirado la concesión y administran con prudencia la relación para evitar que pueda utilizarse como argumento en algún proceso judicial abierto o futuro. Sin embargo, sí avisan de que reclamarán a Trapsayates el lucro cesante del periodo transcurrido desde diciembre.

Desahucio

Autoridad Portuaria abrió dos expedientes para rescindir la concesión del puerto de Maó. El primero, ya citado, de declarar la caducidad y un segundo de desahucio. El primero lo recurrió la empresa y, por tanto, no atendió el segundo. El Juzgado resuelve que la caducidad sigue adelante, pero han de pasar tres meses hasta iniciar el desahucio si la caducidad no ha sido ejecutada. Por ello, en el último Consejo de Administración se anuló el primer expediente de desahucio y se ha iniciado otro.