Autoridad Portuaria abre un segundo expediente de desahucio a Trapsayates

Comunica a los responsables de las embarcaciones que abonen las tasas al organismo público

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Espacio de la concesión en el privilegiado emplazamiento del Moll de Llevant del puerto e Maó visto de la Punta des Rellotge

Espacio de la concesión en el privilegiado emplazamiento del Moll de Llevant del puerto e Maó visto de la Punta des Rellotge

09-08-2014

Autoridad Portuaria aumenta la presión sobre Trapsayates para que abandone la concesión de amarres que le fue otorgada en 2008 y rescindida en 2017. La última iniciativa en esa línea ha sido la notificación que ha enviado a los propietarios, consignatarios, y capitán o patronos de embarcaciones usuarias de ese espacio para que abonen directamente las tasas al organismo público porque no reconoce al concesionario. Trapsayates es ahora mismo para la Administración, desde diciembre pasado, un okupa del dominio público.

Como se sabe, el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears aprobó el 13 de diciembre una resolución en la que declara la caducidad de la concesión para la gestión de los puntos de amarre del Moll de Llevant entre la Punta de Cala Figuera y la de Punta des Rellotge.

El segundo punto del acuerdo concedía un mes de plazo a Trapsayates para abandonar la concesión, que medio año después, todavía no ha abandonado ni tampoco tiene intención de hacerlo.

La T-0 y la T-5

Desde la fecha de esa resolución, Autoridad Portuaria no cobra ni el canon ni las tasas a Trapsayates por cuanto «no tienen título habilitante para ocupar este espacio de dominio público portuario» y cobrarle supondría reconocerlo. Sin embargo, sí se está generando el derecho a percibir esas tasas por cuanto sigue habiendo usuarios.

Se trata de la tasa de ayuda a la navegación (T-0) y la tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T-5), de la que están exentas, en el segundo caso, las embarcaciones pequeñas. No es tanto la recaudación, de escaso volumen, como el aviso directo de que ese espacio ya no pertenece a concesión alguna y por ello, el organismo portuario recomienda a los responsables de las embarcaciones «regularizar el pago de las tasas correspondientes» pasando por sus oficinas.

Para la empresa significa confundir al usuario y perjudicar al turismo. De los 165 amarres, 120 tienen carácter de base, de ocupación permanente, y el resto están dedicados a barcos en tránsito. Son, por tanto, los primeros los principales destinatarios de la nota de Autoridad Portuaria.

Trapsayates conoce esa comunicación por contacto con los clientes, «nadie nos ha dicho nada, seguimos cobrando las tasas, se ha creado un conflicto doble y el que pierde es el cliente», explica un portavoz de Trapsayates en Maó.

Fuentes de Autoridad Portuaria reconocen que no hay comunicación a la empresa precisamente porque ya se le ha retirado la concesión y administran con prudencia la relación para evitar que pueda utilizarse como argumento en algún proceso judicial abierto o futuro. Sin embargo, sí avisan de que reclamarán a Trapsayates el lucro cesante del periodo transcurrido desde diciembre.

Desahucio

Autoridad Portuaria abrió dos expedientes para rescindir la concesión del puerto de Maó. El primero, ya citado, de declarar la caducidad y un segundo de desahucio. El primero lo recurrió la empresa y, por tanto, no atendió el segundo. El Juzgado resuelve que la caducidad sigue adelante, pero han de pasar tres meses hasta iniciar el desahucio si la caducidad no ha sido ejecutada. Por ello, en el último Consejo de Administración se anuló el primer expediente de desahucio y se ha iniciado otro.

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Esbadalit
Hace un año

El puerto no ha conocido, ni creo que conozca, unos puntos de amarre mejor gestionados (por los trabajadores/as) y con mayor beneficio económico para el estado. Al final, entre todos acabaremos abonando el dinero que Trapsa dejara de abonar en forma de canon (hasta hoy el 50% de lo que ingresa Autoritat Portuaria en los ingresos por amarres en Mahón). A ver que nuevos impuestos, parquímetros, tasas,... se inventarán ahora. Un puerto de lujo, para yates de lujo que a partir de ahora pagaremos un poco más los de a pié.

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Toni Miquel Sureda
Hace un año

Los primeros que no pueden tener amarres es el club Maritimo, que nunca había tenido dado de alta la actividad ni constaba en su objeto social. Por este motivo, y para legalizarse, van a hacer una asamblea extraordinaria el próximo 29 de junio. Es decir que hasta ahora habían estado alquilando amarres de forma alegal.

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Manuel Gispert
Hace un año

Este es el país donde todos hablamos de todo sin tener ni puñetera idea de nada. El Club Marítimo perdió el concurso. Y punto. La empresa que lo ganó no cumple con sus obligaciones y se le quita la concesión. Y punto. Hace tres días seguidos que dos policías portuarios están recorriendo los pantalanes de esta concesión, entregando a cada armador, propietario, etc. De cada embarcación una notificación de APBÚSQUEDA donde se le informa de manera detallada la situación de la concesión, explicándoles que hay unas tasas determinadas que han de pagar a APB ya que Trapsa ha sido cesado de la concesión de dichos amarres. Con lo cual en lo que respecta a la actuación de la APB es la correcta.Antes de hablar hay que estar informado.

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Aqui no hay quien viva
Hace un año

La concesion se hubiera sido concedida al Club Maritimo esto ,no habria sucedida.La avaricia rompe el saco.

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váyase APB
Hace un año

Un par de policías en los pantalanes y se acaba la tontería. Con amabilidad cualquier armador entiende que pagar a Trapsa puede ser tirar el dinero directamente al mar y que el único pago real es a APB. Cuánta pereza...

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