En la calle Josep Maria Quadrado se llevaron a cabo algunas de las actuaciones, certificadas en 2013 por técnicos municipales y que aparecen entre las que Hidrobal pretende ver repercutidas en tarifas.

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La auditoría encargada por el Ayuntamiento de Maó sobre la concesión de agua y saneamiento en los últimos años sostiene que las obras por valor de 1,8 millones compensadas a Hidrobal mediante una addenda aprobada por pleno en diciembre de 2016 y de forma definitiva en marzo de 2017 «se consideran plenamente acreditables y a precio de mercado», aunque en algunas de estas actuaciones se detectan «deficiencias formales en el procedimiento de adjudicación y seguimiento». Entre estas deficiencias, la auditora Russel Bedford destaca la ausencia de un inventario de instalaciones, la falta de concurrencia pública en la adjudicación y la poco clara segregación de funciones entre empresa y administración.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó, a pesar de que una vez conocido el resultado de la auditoría el interventor mantiene en un último informe reciente su reparo a la aprobación de la addenda y a la revisión de las tarifas, considera que el documento avala su decisión de abonar a Hidrobal la parte de la cantidad reclamada, derivada de unos trabajos, realizados en su mayoría entre 2007 y 2009, que se pudieron certificar con un informe técnico interno de 2013. «No se detecta ningún tipo de ilegalidad, no cambia nada respecto a lo que ya sabíamos, las obras están hechas y certificadas», apunta la alcaldesa Conxa Juanola.

Pese a ello, Juanola anuncia que se mantendrá congelada la revisión al alza de las tarifas en un 10,3 por ciento que hace casi dos años se dejó pendiente del resultado de la auditoría. No era lineal, sino que se recaía sobre los tramos de consumo más elevados, con una rebaja para los más austeros. El equipo de gobierno aplaza esta revisión a expensas de que se resuelva la excesiva presencia de nitratos en el agua que sale del grifo en la ciudad, algo que ocurrirá, en principio, cuando entre en funcionamiento la desnitrificadora, cuya construcción está ahora paralizada por el recurso de una de las empresas que se presentó al concurso. La revisión tarifaria se quedará para el próximo mandato, «nuestra previsión era tenerla ya activa, pero no ha podido ser». Cabe señalar que solo una parte de la cantidad a compensar a Hidrobal, algo más de 500.000 euros, se afrontará mediante el aumento de las tarifas.

La auditoría analiza los estados de cuentas de la concesión, las cuentas de la explotación y el grado de cumplimiento de las obligaciones suscritas. Detecta algunos desajustes en las cantidades (a veces incluso a favor de Hidrobal), incumplimientos en los plazos a la hora de rendir cuentas y algunas praxis mejorables en el control y la coordinación del servicio. Pese a ello, el trabajo avala en buena parte las cifras sobre las que se sustenta la addenda de 2016 al considerarlas «razonables y repercutibles». Así, «se ha acreditado la suportabilidad de los saldos del Ayuntamiento e Hidrobal así como las inversiones pendientes de repercutir en tarifa».

La auditora propone modificaciones en el sistema tarifario con un incremento de las cuotas fijas y una reducción de los parámetros variables para que los ingresos de la concesión sean más estables y previsibles, más ajustables a los costes, «en línea a municipios comparables».

El trabajo constata un aumento de los gastos de la concesión que supera con creces a los ingresos generados, sobre todo como consencuencia, indica, de las inversiones que se han realizado en la red, que rondarían los 4,7 millones de euros. Asegura no haber detectado «incidencias significativas» por lo que considera las tarifas planteadas en 2016 «razonables y repercutibles».