La finca hace medianera con la urbanización Cala Blanca, las casas ahora abandonadas deberán ser reformadas en profundidad | Gemma Andreu

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El expediente para la conversión de la vivienda y edificios de la finca de Santa Maria de Ciutadella en un hotel rural ha superado el informe de impacto ambiental, el escollo más difícil. El BOIB publicó el sábado la resolución de la comisión balear de Medio Ambiente, que, no obstante, realiza varias advertencias a tener en cuenta por el Consell y por el ayuntamiento antes de aprobar, respectivamente, la declaración de interés general y la licencia para ejecutar el proyecto.

Fue presentado al Ayuntamiento de Ciutadella hace justamente un año por la promotora madrileña Tritonsa SL, de algún modo vinculada a la promotora del agorturismo de Son Vell. Aduce razones de pérdida de viabilidad económica del sector primario para que la finca de Santa Maria se integre dentro de la explotación de la finca de Son Vell, según recoge el expediente.

De este modo, esta mantendrá la función agrícola con producción de vacuno, cerdos, ovejas y caballos de raza menorquina, mientras que Santa Maria se reconvertirá en un hotel rural, con producción de pastos y vacuno para producción de carne. La actividad lechera actual se irá extinguiendo paulatinamente.

Prevé la construcción de 21 habitaciones (42 plazas), una piscina de 200 metros cuadrados, un aparcamiento que deberá ser rebajado de 32 a 25 plazas, una sala de máquinas y un aljibe. El presupuesto es de 1,3 millones.

Una parte de las edificaciones es una boyera nueva, «construida sin licencia de obras y que se presente legalizar», apunta el informe. En esa boyera está previsto instalar 8 de las habitaciones, más de la tercera parte del total. Los servicios comunes ese ubicarán en la casa principal, que deberá ser reformada íntegramente dado el estado de abandono que presenta.

A cambio, existen gallineros y pocilgas en desuso que se derriban. El suelo tiene la clasificación de Área Natural de Interés Territorial, pero no pertenece a la Red Natura 2000. La finca se extiende sobre 22,5 hectáreas.

El informe deja en manos del Consell el control y la autorización de determinados servicios, pero no observa impedimentos de tipo medioambiental.