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Una de las muchas naves techadas con cubiertas de amianto, en este caso en el Polígono Industrial de Maó. | Gemma Andreu

Javier Gilabert15/04/19 13:05
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La presencia de amianto en nuestro entorno es uno de los grandes problemas de salud pública a la que se enfrenta la sociedad en la próxima década. Este material altamente cancerígeno y completamente prohibido desde el año 2002, perdura en multitud de construcciones e instalaciones tanto en el ámbito urbano, como en el rural, aunque uno de los grandes focos está en los polígonos industriales. En la que probablemente sea la primera aproximación a la dimensión del problema en Menorca, el Consell estima que solo en las naves industriales de la Isla se acumulan alrededor de 600.000 metros cuadrados, 60 hectáreas, de cubiertas con presencia de amianto.

El amianto –uralita fue la marca comercial con el que se popularizó en España– fue un material muy apreciado en el sector de la construcción, por sus condiciones aislantes y resistentes al fuego. Principalmente en las décadas de los 70 y de los 80, coincidiendo con la construcción de la mayoría de los polígonos industriales de Menorca, el uso del amianto vivió su apogeo. Pronto se confirmó que cuando se descompone, las fibras quedaban en suspensión e inhalarlas puede provocar graves afecciones pulmonares. Se calcula que esa degradación, dependiendo del medio en el que esté, se produce entre 30 y 40 años después de su instalación. Ello supone que el amianto de los polígonos ya ha alcanzado el final de su vida útil o está a punto de hacerlo.

Plazos
Aunque actualmente no existe ninguna legislación autonómica, nacional ni internacional que obligue a su retirada, el Parlamento Europeo ha aprobado fijar como objetivo para su retirada de cualquier construcción o instalación, el año 2028, dentro de menos de una década, aunque falta que ese acuerdo ampliamente mayoritario se traduzca en directiva. También el Govern ha tomado cartas en el asunto, aunque solo en lo que respecta a los edificios de titularidad pública, con especial atención a centros educativos y sanitarios. En ese sentido, el Plan Director de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos, que está pendiente del visto bueno de Medio Ambiente y que se prevé aprobar en el mes de mayo, fija para 2024 el plazo límite para la retirada del amianto en edificios públicos.

Uno de los grandes problemas que arrastra la retirada de amianto es la falta de una radiografía exhaustiva de su presencia. De hecho la aproximación del Consell se basa en un trabajo universitario y está presente en un documento que todavía no se ha hecho púbico, el Plan Menorca 2030, la hoja de ruta para llegar al 85 por ciento de renovables en esa fecha. El Consell se refiere a esa realidad porque ve en la necesaria sustitución de las cubiertas hechas con este material una oportunidad para dar un gran salto en la implantación de instalaciones solares sin necesidad de recurrir al suelo rústico.

El plan llama la atención sobre el nicho para las renovables que supone la sustitución de esos 600.000 metros cuadrados de tejados de amianto y propone la articulación de «políticas encaminadas a la rehabilitación energética de dichas construcciones combinadas con la sustitución de las cubiertas de fibrocemento». El objetivo, integrar la generación fotovoltaica orientada a la inyección a la red, es decir, que esas 60 hectáreas se puedan transformar en zonas de producción de energía. Un cálculo aproximado de la potencia instalada que se podría alcanzar en el hipotético caso de que toda esa extensión de tejados se cubriera con plazas da como resultado unos 50 megavatios (MW), lo mismo que Son Salomó ampliado.