Menorca es la isla más envejecida de Balears y ello representa un reto para las Administraciones. Imagen de archivo tomada en Alaior. | Gemma Andreu

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Que la población envejece a marchas forzadas es un hecho. Y esta realidad está teniendo sus consecuencias sobre el número de personas con algún grado de dependencia de la Isla. En los primeros siete meses de este año la Conselleria balear de Asuntos Sociales y Deportes ha recibido 620 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, lo que representa un incremento del 19 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. El servicio de valoración recibe 88 solicitudes cada mes.

El departamento estima que al cierre del año se alcanzará el millar de peticiones, es decir, el doble de las que se registraron en 2014 cuando se tramitaron 522. El año pasado en todo el ejercicio el servicio de valoración a la dependencia registró 855 solicitudes. De estos 620 expedientes, 379 han sido nuevas peticiones y las 241 restantes son revisiones.

La consellera Fina Santiago fija las causas de este importante incremento en un claro envejecimiento de la población. Y concreta que Menorca es la isla que en mayor medida la padece. Es la más envejecida de Balears. Pero también hace referencia a la incorporación en 2015 del grado 1 de dependencia, el más bajo de los tres. A partir de ese año, los expedientes empezaron a crecer. Santiago indica que muchos usuarios prueban suerte.

Esta situación también ha hecho aumentar el número de expedientes que son denegados porque «no por tener 85 años eres una persona con dependencia». A ello, agrega que este repunte de solicitudes también demuestra que «el servicio funciona».

A finales de julio estaban a la espera de valoración un total de 155 personas, una cifra que Santiago valora en positivo. «Llevamos un buen ritmo», apunta, «aunque todo es mejorable», apuntilla. Son unos dos meses de espera. Y de esta lista que aguarda valoración, un 15 por ciento no puede tramitarse ya que falta documentación a la solicitud.

Además, hay otros 177 expedientes con la valoración bajo el brazo y que están pendientes del Programa Individual de Atención (PIA) con el que se fijan las prestaciones.

Para este reconocimiento de la dependencia, el tiempo medio entre la valoración y el pago de la ayuda económica ronda los seis meses, asegura Santiago. La ley permite un máximo de dos años y medio. «Estamos dentro de los parámetros razonables», aunque para ella, esto no es excusa para relajarse.

El problema radica en las insuficientes plazas residenciales, no cubren las necesidades. Y la espera se alarga, de forma más acuciada entre los pacientes de grado 2 que solicitan cama. Los grandes dependientes tienen prioridad. Concreta que no quedan desatendidos, sino que mientras esperan una plaza, perciben otra prestación.

Y recuerda los cuatro proyectos con los que confía haber resuelto el problema en tres o cuatro años. En el caso de la residencia de Maó, ya ha sido encargado el proyecto básico, la ampliación de Ferreries está en proceso y en Sant Lluís «parece que quieren continuar con la propuesta de ampliación», asegura. En cuanto a Es Castell, queda por definir la ubicación definitiva. «El Ayuntamiento se está pensando una propuesta de modificación del lugar», asegura.

En junio de este ejercicio había 2.556 personas con expediente activo y recibiendo algún tipo de prestación. De ellas, tienen una plaza concertada en un geriátrico 276 personas, aunque hay 831 pacientes con el grado 3 reconocido, son los grandes dependientes. Es el perfil que suele precisar plaza residencial. Otras 103 personas tienen plaza en un centro de día.