La señalización horizontal que indica obras en el tramo próximo a Alaior se ha consoliado en los últimos seis año | Gemma Andreu

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Un informe de la secretaria del Consell sobre los recursos presentados por Airtificial (antes Inypsa) para resolver el contrato de redacción del proyecto de la carretera entre Maó y Alaior considera que hay argumentos para defender el cumplimiento del mismo, en vez de rescindirlo como solicita la empresa. Sin embargo, gobierno y oposición discrepan sobre la lectura de este dictamen jurídico: mientras el PP interpreta que la secretaria aboga por seguir adelante con el encargo, el equipo de gobierno entiende que la conclusión es extinguirlo.

Si hasta ahora el camino seguido por la reforma de la carretera general ha sido tortuoso, se aventuran nuevos atolladeros en el recorrido pendiente. Como se recordará, la consultora de ingeniería ha presentado dos recursos, el primero (febrero de 2019) contra el levantamiento de la suspensión de los trabajos de redacción al añadírsele tareas no contempladas inicialmente como el estudio de la variante en superficie de Rafal Rubí. El segundo, dos meses después, solicitando la resolución del contrato por, entre otros motivos, haber estado suspendido durante más de un año, causa contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público.

El informe de la secretaria, que data del mes de octubre pero no ha dado pie todavía a ninguna actuación del Consell, señala que el primer recurso de Airtificial fue presentado fuera de plazo y ha de ser inadmitido. Por tanto, el levantamiento de la suspensión del contrato, acordada en febrero de 2017 y levantada en enero de 2019, ha de considerarse resuelta.

Queda por decidir, por tanto, la petición de resolución del contrato, el punto que da lugar a la interpretación antagónica entre la consellera Francesca Gomis, y el PP. La titular de Movilidad entiende que el informe propone que ha de ser rescindido, «Legalmente es la opción, pero sabemos que esa salida que implicaría encargar un nuevo proyecto y más demora», señala.

El proyecto está prácticamente acabado y «el trabajo hecho hasta ahora sería aprovechado, pero no ha sido pagado todavía», agrega la consellera, pendiente de la decisión política de mantener los puentes o no. Hoy como ayer, ese sigue siendo el punto de conflicto no resuelto, «la decisión será inminente», precisa.

Inminente en política significa varios meses, por lo que en una interpretación optimista implica al menos un trimestre. La presidenta Susana Mora lo confirma, «solo hay una postura (carretera sin puentes) del equipo de gobierno, no hay grietas entre los partidos», afirma, «aunque la decisión ha de tener cobertura técnica y jurídica, agotaremos la última posibilidad», precisa. Pero todos los informes conocidos hasta ahora son contrarios al derribo.

En sus dos grandes discursos institucionales, toma de posesión y Sant Antoni, ha reiterado que la paciencia de los menorquines está gotada e, iniciado el nuevo mandato, no hay pretextos para más dilaciones. Sin embargo, esa decisión política que tanto cuesta en llegar, se topa ahora con el informe de la secretaria. Si la decisión es mantener la propuesta técnica de los puentes, se tira hacia delante con el proyecto de Airtificial y punto. Ambas partes parecen más de acuerdo en la rescisión, que si se realiza de mutuo acuerdo allanaría el camino.

Esa salida no parece descartada tampoco en el informe de la secretaria y, vistos los antecedentes, incluso sería la más lógica. Aduce que la petición de la empresa iría en contra de sus propios intereses porque realizó acciones que mostraban a las claras su intención de continuar con el contrato, lo que, después de solicitar la resolución por su parte, iría en contra de un conocido principio general del derecho, el de los actos propios.