El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha tildado de «mala noticia» y de «injusta» la sentencia y, por ello, ha anunciado que recurrirán el fallo.
En declaraciones a los medios este miércoles tras conocer el escrito, Mir ha lamentado que esta situación no se haya resuelto en el ámbito político, «tal como viene reclamando el Govern desde 2015».
En este sentido, además de anunciar que recurrirán la sentencia, ha reclamado al Gobierno «una solución política tal como se había acordado a inicios de la anterior legislatura, compromiso que el Gobierno Rajoy incumplió».
Las dos desalinizadoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma no firmaron el Convenio para ejecutar las obras.
En septiembre de aquel mismo año, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra así como la explotación posterior de ambas. La de Santa Eulària tenía un presupuesto de 14.191.436 euros y la de Ciutadella, 12.475.089 euros.
En los dos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Ibiza y de 4.531,875 euros para la de Menorca.
Según han explicado desde la Conselleria, las obras acabaron el 2011 pero el Gobierno «se negó a recibirlas porque no eran plenamente operativas puesto que no estaban conectadas en la red de abastecimiento».
Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con la agravante que, en Ibiza, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, proyecto que, en aquellos momentos, no llegaba hasta la desala de Santa Eulària.
El diciembre de 2013 las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros por la de Ibiza y 32.549.448 euros por la de Menorca.
El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26.113.865 euros por la desalinizadora de Santa Eulària y 19.185.465 euros por la de Ciutadella.
El Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir ha recordado, en este sentido, «la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en aquel momento, motivo por el cual el Govern ofreció esta solución para desbloquear el conflicto».
Finalmente, las instalaciones fueron recibidas por la Comunidad Autónoma el mayo de 2016. En octubre del mismo año, sin embargo, el Gobierno recibió un requerimiento del Ministerio donde, incumpliendo el acuerdo, le reclamaba el coste de las obras y el sobrecoste.
Mir explicó que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión. En este sentido, lamentó que, «a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido reconducir la situación en el ámbito político».
6 comentarios
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Gàcies Jaume Matas i PP per la vostra inestimable feina!!!!
DA ASCO EL AGUA DE CIUDADELLA,
Pregunta: ¿quién gobernaba la Comunidad Autónoma cuando se hizo la desaladora?
Para Pablito, el problema es que las aydas a particulares no dan comisiones....
Menuda chapuza!!
La tendría que pagar el que dio la orden de hacerla(no sirve para nada) el mismo dinero se lo damos a particulares con, aparatos de osmosis, decalsificadores etcc, no ahorrariamos una pasta y dejariamos de gastar tanto plastico, lo mismo pasa con las plantas fotovoltaicas, el dinero publico para el contibuyente YA!, gracias