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El PP-Menorca exigió este viernes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que demuestre su peso político y se mueva para que el rescate de la desaladora de Ciutadella –también la de Santa Eulàlia (Eivissa)– la pague el Gobierno central y no el autonómico, como ha dictaminado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los populares recuerdan que tanto Armengol como la exconsellera de Hacienda Catalina Cladera han manifestado en reiteradas ocasiones que el Govern no pagará los sobrecostes y exigen que ahora «cumplan sus promesas».

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La diputada autonómica y secretaria general del PP menorquín, Asunción Pons, defendió este viernes que las citadas desaladoras no entraron en funcionamiento «porque el Govern incumplió al no conectarlas a las redes de suministro, como sí hizo con las construidas en Alcúdia y Andratx». Es por ello, argumenta, que el Govern, entonces dirigido por el PP, se negó a recepcionarlas. Fue en mayo de 2016 cuando el Govern del Pacte firmó el documento de recepción, un acuerdo por el que el Ministerio «mantiene la titularidad de las instalaciones, así como el derecho a repercutir acciones por el rescate de las concesiones». Cabe recordar que fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien se acogió a esa cláusula para demandar al Govern, demanda judicial que Pedro Sánchez no retiró.