La sala de juegos y apuestas de la calle Ramón y Cajal se encuentra muy cera de un centro educactivo y un parque infantil | Gemma Andreu

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Dos de las cinco salas de juegos y apuestas de Maó se encuentran a menos de cien metros de distancia de un colegio o un parque infantil. Por este motivo, y en virtud de la normativa autonómica vigente desde mayo de 2019, no podrían obtener una licencia de apertura en estas ubicaciones si la solicitaran hoy. No obstante, como su permiso se concendió con anterioridad a la aprobación del reglamento del Govern, son del todo legales, incluso pueden renovar su autorización.

Así lo explicó el concejal de Servicios Sociales, Enric Mas, en el pleno del Ayuntamiento de Maó de este jueves, en defensa de una propuesta de acuerdo que se aprobó por unanimidad para solicitar al Govern una modificación del reglamento por la que dejen de estar eximidas de la distancia mínima con colegios y parques las renovaciones de las autorizaciones concedidas antes de la norma. Según las mediciones realizadas, las dos salas afectadas por esta medida serían las ubicadas en las calles Ramón y Cajal, a pocos metros de un colegio, y Bastió. Otras dos superan la distancia mínima por poco: las de Fort de l’Eau y Vives Llull.

La propuesta de acuerdo contempla diversos puntos, en el sentido de introducir más controles legales a este sector económico que va a más, especialmente en el municipio, «las administraciones no lo han regulado hasta ahora como tocaba», dijo Mas. Una de ellas es que el Gobierno central aumente el tipo aplicable del impuesto sobre actividades de juego para las casas de apuestas y en línea. La recaudación, defiende el Consistorio, debería dedicarse íntegramente a financiar iniciativas de prevención mediante planes a distintos niveles. «Ahora mismo no tenemos potestad para regular esta actividad pero sí pagamos las ayudas a las personas que sufren las adicciones que genera el juego», explica Enric Mas, quien informa además de que está empezando a elaborar ya un plan municipal de prevención de drogodependencias, preceptivo para la ciudad.

Por eso, pretende el Ayuntamiento de Maó que la normativa autonómica dote a las corporaciones locales de instrumentos que les permitan intervenir en las autorizaciones de las salas de juego con criterios de salud pública y protección del menor, además de que el Govern lleve a cabo una política activa de control de estos establecimientos. Mas considera que ha sido una medida positiva la suspensión que ha aprobado el Govern en la concesión de nuevas licencias.

Al Estado, la propuesta de acuerdo aprobada el jueves le reclama que limite la publicidad de este tipo de actividad, de un modo similar a lo que se hizo con el alcohol y el tabaco, al mismo tiempo que profundice en políticas de ocio juvenil «alternativas y saludables».