En la selva. La antropóloga menorquina acompañando una caracterización de flora y fauna en una zona selvática.

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La ficha

Lugar y año de nacimiento
— Sant Lluís, 14 de septiembre de 1995.

Formación académica
— Graduada en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona.

Ocupación actual
— Trabaja para la ONG pro-derechos humanos International Action for Peace.

Vive en...
— Barrancabermeja, departamento de Santander (Colombia).

Su objetivo es...
— Finalizar su compromiso de voluntariado y viajar por Colombia y países vecinos.

Está a punto de cumplir su primer año como voluntaria sobre el terreno en Colombia. Ana Solano Codina, joven graduada en antropología, forma parte del equipo de IAP (International Action for Peace), una organización no gubernamental catalana establecida desde 2011 en ese país y que trabaja por el respeto a los derechos humanos en una zona castigada por la violencia. La ONG tiene sede en Barcelona pero su base operativa en Colombia está en Barrancabermeja, en el noreste del país. En el equipo de voluntarios –con mayoría de mujeres–, está la menorquina; además, explica, hay dos personas contratadas que se ocupan de la coordinación y la incidencia política. IAP recibe fondos públicos de las agencias catalana y española de cooperación así como del Ayuntamiento de Barcelona.

¿Cómo actúan los voluntarios en terreno de IAP?
—Nuestro trabajo es de acompañamiento internacional a organizaciones campesinas. Colombia ha estado 50 años en un conflicto armado y social, y uno de los mecanismos de protección de las comunidades en el campo ha sido el acompañamiento internacional. Es triste, pero se respeta más la vida de un voluntario internacional que la de una persona colombiana.

¿A quién prestan ese acompañamiento?
—A defensores de derechos humanos, líderes sociales, medioambientales, también a mujeres lideresas por su labor de defensa de los derechos humanos y de los acuerdos de paz. Diversos dirigentes de luchas sociales han sido amenazados, han sufrido desplazamientos forzados y algunos han sido asesinados.

¿Cuál es su trabajo concreto?
—No tenemos una rutina fija. Cuando las asociaciones campesinas con las que trabajamos nos llaman vamos a esas zonas rurales y les acompañamos en sus actividades, ya sean talleres, audiencias públicas, reuniones con instituciones y autoridades militares..., se crea un vínculo muy fuerte con ellos, basado en la solidaridad internacional.

¿De este modo, con su presencia, se evitan represalias?
—Exacto, es una manera de disuasión ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario, y también de generar espacios de seguridad. Son zonas que históricamente han estado en riesgo, el conflicto las ha golpeado más duramente, mucho más que a las zonas urbanas. En el país sigue habiendo una burbuja en la ciudad (con urbes como Bogotá, Medellín, Cali) que hace que mucha gente no sea consciente de la desigualdad y el conflicto que se vive en el mundo rural.

En 2016 se firmaron los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. ¿No han traído la paz?
—Se firmó el acuerdo con un actor armado, las FARC-EP eran la mayor guerrilla, pero dentro del país actúan más grupos y también paramilitares y el Ejército nacional. En medio de todos los enfrentamientos ha estado siempre la población civil, que es la que ha sufrido las consecuencias. En el campo la mitad de las medidas de esos acuerdos no se está implementando. La paz como tal aún no ha llegado a Colombia. Según el Instituto de Desarrollo y Paz, desde la firma de los acuerdos han asesinado a más de 700 defensores de derechos humanos y a más de 150 exguerrilleros de FARC-EP que se habían reincorporado ya a la vida civil.

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Los campesinos han estado también en ‘fuego cruzado’ por el cultivo de coca, ¿cierto?
—La cuestión de la coca también se recoge en los acuerdos de paz. Uno de los puntos es la sustitución de los cultivos de coca (cultivos de uso ilícito se les llama, para no estigmatizar la planta) de forma gradual y concertada con las comunidades. Porque se han hecho erradicaciones forzadas, con aspersiones aéreas o de forma manual, pero ellos se quedaban sin sustento. El abandono en las zonas rurales ha sido grave y en cierta manera se veían obligados a cultivar la coca para poder vivir. Hay que implementar otros proyectos económicos, ya sea ganaderos, agrícolas o piscicultura, para salir adelante.

¿Cómo llegó a interesarse por el problema colombiano?
—Era una decisión que había tomado hace tiempo. En 2017 estuve en Colombia, en Bogotá, estudiando un semestre en la Pontificia Universidad Javeriana. Me gustó mucho el país, se acababan de firmar los acuerdos. Entré en contacto con todo ese movimiento por la paz, había una alegría, un positivismo en la población civil muy grande. A mí me interesó, empecé a acudir a charlas y a estudiar ese tema. Regresé a España y realicé mi Trabajo de Fin de Grado sobre refugiados colombianos en Barcelona. Las prácticas las hice en una ONG hermana de IAP, conocí el trabajo de ésta en Colombia y me interesó mucho ese enfoque con campesinos, históricamente bastante olvidados y en riesgo, quería conocer la parte rural del país. En abril de 2018 empecé un periodo de formación con IAP sobre el conflicto armado y social antes de viajar a Colombia.

¿Recibe esa zona noreste del país migrantes de Venezuela?
—Una de las regiones en las que estamos es Catatumbo, fronteriza con Venezuela, es ahora un punto caliente. Históricamente han sido los colombianos los que han emigrado a Venezuela pero ahora se da el proceso inverso, por la situación política. En el Catatumbo hay mucha migración flotante, que llega para trabajar en los cultivos, en las minas, y luego regresa. En teoría la frontera está cerrada, pero en una zona selvática, es imposible de controlar. En Cúcuta está el paso fronterizo pero luego tienes kilómetros y kilómetros de selva llena de caminos.

¿La información que llega de Colombia a Europa retrata su realidad?
—Yo creo que la información que llega está distorsionada, se conoce parte del conflicto y de manera muy sesgada, nunca se ha ahondado en las causas, que son políticas y económicas, surgen en los años 60 por la distribución de la tierra y las desigualdades. Entre 2000 y 2010 fueron los años más duros, con el gobierno de Álvaro Uribe, muy militarista y cerrado al diálogo. Aún hoy día las zonas rurales están muy abandonadas, con carencias en educación y salud, con infraestructuras deterioradas. En este contexto de desigualdad y violencia ha habido asociaciones campesinas que han defendido los derechos humanos y han denunciado los desplazamientos, la violencia sexual y de género, el extractivismo, esos megaproyectos de explotación de recursos naturales..., y por toda esa labor han sufrido represalias.

Además del acompañamiento, ¿qué otras tareas realizan?
—Nosotros vivimos en Barrancabermeja y allí realizamos informes de actividades en terreno, análisis de noticias de la región, tenemos reuniones con otras ONG, con instituciones civiles, militares, organismos internacionales. Ese es un poquito el trabajo de oficina, también creamos una red de apoyo, que nos conozcan las instituciones y puedan dar una respuesta en situaciones de emergencia.

¿Cómo recibe la población local su presencia?
—Nos reciben bien, hay apoyo mutuo y confianza, conocen la ONG. Hay curiosidad por España, por nuestro acento, muchos tienen familiares aquí. Te reciben con los brazos abiertos, ven tu chaleco te reconocen y se acercan a preguntar; en zonas rurales en las que no tienen nada, te ofrecen una fruta, café o una infusión. Los colombianos son muy hospitalarios.

No está en el país como turista pero, ¿qué le parece?
—La zona es muy bonita, preciosa, pero dura, porque Barranca es una de las ciudades más calurosas de Colombia, siempre estamos a 35 grados, lo único que cambia es la estación de lluvias o la seca. Es selvática, con muchísimos ríos, de una gran riqueza en cuanto a biodiversidad, aunque también está afectada por la deforestación, ya que hay industria maderera. Hay deforestación por esos fines económicos y otra que surge por colonos que llegan a nuevas zonas y talan para construirse su casa y su finca; son personas desplazadas por la violencia, en Colombia hay 7 millones de desplazados internos.