La necesidad de sustituir algunos muertos de amarre impide el uso de los 220 puntos de atraque de la cala | Gemma Andreu

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La estampa que ofrece, ya avanzado mayo, Es Grau (Maó) es extraña. Sin barcas en el mar. Con el verano a la vuelta de la esquina, los usuarios de los 220 puntos de amarre de este núcleo costero están pendientes, con inquietud, de que la Demarcación de Costas ejecute los trámites administrativos que permitan la renovación del permiso para seguir dejando sus embarcaciones sobre el agua, como se viene haciendo toda la vida y desde hace una década de una forma tan ordenada como regulada. Si lo hacen sin tener el papeleo en regla se exponen a una sanción, pero el papeleo no llega.

El problema nace de un informe de la dirección del Parc Natural de s’Albufera des Grau que exigía, para la renovación de la autorización, la sustitución de 38 muertos de amarre por otros sistemas más ecológicos y respetuosos con las praderas de cymodocea, una planta que habita en el fondo marino. Es importante reseñar que la renovación de la autorización debería haberse producido en 2018, pero la petición cursada en tiempo y forma del colectivo no obtuvo respuesta de Costas, por lo que los amarres se continuaron usando por una especie de silencio administrativo durante dos veranos.

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Ante el reciente requerimiento de Costas de cumplir con el informe del Parc Natural, la asociación de amarristas de Es Grau se puso en marcha y encargó un estudio ambiental, que entendía más oportuno suplir solo 16 muertos (cada uno pesa más o menos una tonelada). Las pretensiones de los usuarios fueron aceptadas por la Conselleria de Medio Ambiente, competente en el Parc Natural. No obstante, ahora hace falta que Costas reclame este último informe acordado entre las otras dos partes y confirme a los amarristas que con la sustitución de los 16 muertos de atraque las barcas pueden volver a flotar sin problema alguno sobre las aguas de Es Grau.

Según explican desde la Conselleria, el asunto está «en vías de solución», a la espera de que llegue la petición de Costas. Sin este ‘ok’ del organismo dependiente del Gobierno central los amarristas no se atreven, por prudencia, a ejecutar la obra, para la que lo tienen todo preparado. El silencio reiterado de este ente desespera todavía más a los preocupados propietarios de barcas.