Todo lo solicitado y aprobado del Programa de Desarrollo Rural (PDR) debe ser abonado a las fincas, según expone Pau Bosch, responsable de Fagme en Menorca. Son importes que financian entre el 50 y el 60 por ciento inversiones de mejora y modernización realizadas o comprometidas por las explotaciones agrarias, entre ellas, la compra de tractores o mejoras de instalaciones como los bouers.
La propuesta surge a raíz del cierre de la convocatoria de 2020 de la línea Inversiones en Explotaciones agrarias (INEA), una de las cinco en que se desglosa el programa. La Conselleria balear de Agricultura se ha visto desbordada al haberse superado en 2018 el presupuesto de 40 millones con el que contaba para el periodo 2014-2019.
Bosch apunta otro motivo. Las subvenciones, que antes eran del 40 por ciento, ahora son de entre el 50 y el 60 por ciento. «Hasta ahora no había habido problemas, se pedía la ayuda, se realizaba la inversión, la justificabas y luego la cobrabas a través de las facturas de la obra realizada», explica.
El retraso en la tramitación de los expedientes ha provocado el colapso. En la propuesta de resolución de 2018 se han presentado 445, de los que 364 cumplen los requisitos establecidos. Los importes van desde modestas cantidades de 2.000 euros a uno de 952.596, aunque en la mayoría de los casos no se superan los 100.000. En cuanto a las fincas menorquinas, las ayudas resultan esenciales para el mantenimiento de la actividad agraria.
El retraso en la resolución de los expedientes es otra de las causas del problema. «Antes nadie quedaba fuera de las ayudas, ahora un 35 por ciento no las recibirá», agrega. En su opinión, debería haberse avisado del agotamiento de los fondos, «no se habrían realizado algunas inversiones porque no podrán ser financiadas», argumenta.
La única buena noticia del reparto de fondos que aportan Unión Europea, Ministerio y Govern es que la baremación de los requisitos califica a las fincas menorquinas como preferentes. Así y todo, algunos de estos expedientes cuentan con propuesta de denegación por la Conselleria.
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