Fachada posterior del edificio del Consell, la zona que concentra la mayor parte de las oficinas que ocupan los funcionarios | Gemma Andreu

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Entre las 109 plazas de la oferta pública de empleo del Consell que se acaban de resolver o están en proceso, las de asesor jurídico (Técnico de Administración Especial) están entran las más disputadas. 28 personas graduadas o licenciadas en Derecho, que era el requisito principal además del nivel B2 de catalán, han participado en el concurso oposición de la convocatoria por turno libre de la que el 26 de junio se publicó la lista definitiva.

La plaza está dotada con una retribución de en torno a los 40.000 euros para el recién llegado y pertenece al grupo A1, el primero del escalafón del funcionario. Es una de las más apetecibles por estatus y responsabilidad y, sobre todo, una oportunidad de hallar un trabajo estable, algo muy cotizado en la sociedad contemporánea.

El proceso comenzó el 2 de agosto de 2018 con la convocatoria de las bases generales. Por el camino han quedado, aparte de varias de las personas inscritas, seis modificaciones de las bases generales de la convocatoria y tres de las específicas para esta plaza, además de una rectificación de nota del primer examen, el recurso de una participante y múltiples alegaciones.

El interés por el puesto de trabajo ha incrementado la batalla hasta donde ha sido posible. La mayoría de las alegaciones estaban relacionadas con el cómputo de tiempo trabajado en la Administración Local, cuya estimación ha podido resultar determinante.

El conseller de Servicios Generales publicó una resolución cuatro días antes de conocer la lista definitiva del proceso para «establecer la conservación de las actas y trámites realizados», de forma específica la valoración provisional de méritos en prevención, se supone, de posibles recursos contra el listado definitivo. De hecho, un recurso mantiene pendiente de resolución el nombramiento definitivo para la codiciada plaza jurídica.

Endogamia

Mientras por la vía del turno libre la concurrencia ha sido elevada, la de promoción interna, destinada a funcionarios de carrera o personal fijo con dos años de experiencia en el puesto que desean aumentar de categoría y reúnen las condiciones para ello, solo ha tenido como aspirante a Mateu Martínez, funcionario veterano, que además fue en 2003 conseller por el PSM.

Una de las críticas que ha levantado la convocatoria ha sido precisamente que el cincuenta por ciento de las plazas haya sido reservado para funcionarios de la casa. Es lo que llaman promoción vertical y aun siendo legal, tal circunstancia ha sido señalada por otros funcionarios como un abuso de la endogamia que caracteriza a la Administración, que tiende a cerrarse al exterior y frena las cacareadas libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

Otras convocatorias con mayor número de plazas en juego, como las tres de técnico de turismo lo han sido todas por el procedimiento de turno libre y por esa vía han tenido que concurrir personas que ya trabajaban en el Consell.

Hay ejemplos más abusivos de endogamia en esta misma oferta pública de empleo como es el de técnico medio de gestión (subgrupo A2). De las ocho plazas convocadas, seis corresponden a promoción interna, es decir, restringidas a funcionarios de la casa, otra se cubre por turno libre y otra por turno reservado.

Entre los ascendidos en promoción vertical figura otro antiguo cargo político, el exdirector insular Francesc Pons Morlà, actual concejal de Ferreries. Finalmente, para las seis plazas concurrieron ocho y solo cuatro aspirantes han superado el proceso selectivo, lo que evidencia un excesiva reserva para los funcionarios de la casa.