El proyecto del dique de Son Blanc fue presentado el pasado 8 de julio por el conseller de Movilidad del Govern, Marc Pons, acompañado por el director general de Transporte Aéreo y Marítimo, Xavier Ramis, la gerente de Ports IB, Cristina Barahona, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, y la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila

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El GOB ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto de ampliación del puerto de Son Blanc de Ciutadella en el que afirma que la construcción de los duques de alba es una «nueva agresión» sobre una zona especialmente protegida.

La organización ecologista ha señalado este viernes que la ampliación del puerto se quiere justificar porque algunas compañías han mostrado su interés por operar con barcos más grandes de lo habitual.

En este punto, han recordado que a tan sólo 45 kilómetros está el puerto de Maó que, sin tener que hacer ninguna nueva obra pública, acepta barcos de hasta 245 metros de eslora, si están dotados con impulsores transversales, o de 235 metros si no cuentan con esta dotación.

«Es necesario preguntarse cómo se actuaría si esta demanda se produjese en el litoral peninsular. ¿Se habilitarían inversiones públicas cada 45 kilómetros porque lo pide una compañía privada que no se quiere desplazar hasta el puerto que actualmente ya le puede ofrecer el servicio que requiere?», se han preguntado.

Por otro lado, el GOB ha apuntado que hay legislación vigente que vela por optimizar las inversiones públicas. «El hecho de que Mahón y Ciutadella sean puertos gestionados por niveles competenciales diferentes no es argumento para que se pierda la coordinación y eficiencia en las actuaciones públicas, entre dos puntos que se encuentran a tan poca distancia física», han remarcado en un comunicado.

Asimismo, los ecologistas han hecho hincapié en que la obra prevista supondrá también encementar el fondo marino en una zona habitual de posidonia de 850 metros cuadrados.

En las alegaciones presentadas, la entidad ecologista pide que, más allá de valorar el efecto ambiental de la obra física planteada, se valore la mayor contaminación atmosférica que provocan los grandes barcos.

En esta línea, han solicitado que se fije un tiempo máximo para que los barcos que operen en el canal de Menorca lo tengan que hacer con gas y que, en la transición, las tarifas que se pagan por uso portuario incluyan también el criterio del tipo de combustible usado, con el fin de incentivar las innovaciones orientadas a reducir la contaminación de cada barco.

Asimismo, el GOB ha mostrado su preocupación porque la construcción del dique de Son Blanc ha ido acompañada de un incremento del número de amarres en el puerto tradicional. De este modo, han pedido que se elabore un estudio de los hábitats existentes en esta área con la finalidad de elaborar un mapa de impactos submarinos, así como identificar la oportunidad de poner en marcha actuaciones de restricción de degradaciones producidas por las actuaciones humanas.

«Un estudio de estas características tendría que ser realizado por algún estamento científico de prestigio y podría servir de pauta para programar una serie de intervenciones de compensación ambiental en las áreas de uso más intensivo», han declarado.