Espacio de una academia destinada a ofrecer clases de refuerzo a alumnos con necesidades especiales.

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La posibilidad anunciada por el Gobierno de subir el IVA de la enseñanza privada al 21 por ciento pone en riesgo de desaparición academias y centros de repaso. La ministra de Hacienda ha asegurado que esa propuesta «a día de hoy es un mero documento de trabajo», pero ha bastado para originar temor en el sector. La Asociación de Enseñanza Privada de Menorca, integrada en PIME, muestra su rechazo total a la propuesta de subida porque, asegura, amenaza con la desaparición de esta oferta.

La pretendida subida fiscal equivaldría a la asimilación del servicio educativo a bienes y servicios de lujo, un agravio comparativo con otros tipos de servicios «cuando debería tenerse en cuenta que en la mayoría de los usuarios de la enseñanza privada las clases particulares se deben a una necesidad individual del alumno», argumenta la Asociación profesional.

Si el agravio fiscal es evidente, más grave resulta la amenaza cierta sobre la supervivencia de estos centros si se incrementa la carga fiscal. En la actual situación de crisis sanitaria y económica ya están realizando un gran esfuerzo para mantener la actividad de enseñanza.

Economía sumergida

La mayor carga impositiva provocará «la proliferación de las clases particulares ‘en B’, con lo que se consigue el efecto contrario a la finalidad del tributo», agrega la Asociación en su argumentario contra la subida que estudia del Gobierno.

Si las academias no pueden soportar más carga en una coyuntura de descenso de alumnado por la presión de la pandemia, la demanda de enseñanza se traducirá en más economía sumergida y competencia desleal hacia las academias, que sí cumplen con la normativa.

De hecho, las clases particulares constituyen una de las actividades donde más fácilmente puede burlarse y, de hecho se burla, la normativa fiscal. Combatir «este tipo de actividades económicas no declaradas» es una reivindicación dirigida a la Administración.

La patronal de estas empresas apela a la Administración a velar y proteger este sector de las clases particulares «pues son quienes están supliendo las carencias de los alumnos debido a la falta de medios en muchos colegios e institutos». Por ese motivo, pide el apoyo de las administraciones para la puesta en marcha de un sistema de bonos cuyos beneficiarios fueran las familias con la finalidad de poder hacerlos valer en centros y academias legalmente constituidas.