El notable incremento de la actividad en 2018 y 2019 ha conllevado que el importe total de las sanciones impuestas por el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca desde su creación haya alcanzado ya los 10.048.295 euros. No obstante, los informes incluidos en la Cuenta General del Consell del año pasado reflejan que su problema es el bajo índice de cobro. A 31 de diciembre de 2019 apenas se habían ingresado cerca de 700.000 euros por este concepto, un 7 por ciento.
Más de la mitad del importe total de las sanciones del Consorcio se ha impuesto durante 2019. Corresponden al año pasado 5,5 millones de euros en multas. Esta cantidad incluye, no obstante, 375.107 euros que derivan de expedientes cerrados en años anteriores. Esto sucede porque, como indican los servicios económicos del Consell, en 2016 y 2017 solo se tuvieron en cuenta a efectos contables las sanciones cobradas, no las impuestas, lo que generó una anomalía con unas cifras de derechos de cobro muy bajas. Esto se empezó a corregir en 2018, cuando parte de los 3,6 millones de euros en sanciones que se atribuyen a ese año son también de expedientes de ejercicios previos. En concreto, 562.316 euros. La misma situación se tuvo que corregir en 2013, según los informes que aparecen en la Cuenta General de 2019.
El hecho que una parte significativa de estas sanciones se remonte a años anteriores provoca que 1,4 millones de euros se califiquen de dudoso cobro, una cantidad que se determina con unos porcentajes en función de la antigüedad del expediente. Más de medio millón de euros pendientes de ingresar corresponden a años anteriores a 2016.
El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, explica que en los últimos años se ha producido un importante incremento de la actividad en el Consorcio, en parte porque el número de juristas de este organismo ha pasado de uno a dos. Esto ha permitido concluir un mayor volumen de expedientes. Una muestra de ello es que por la Junta de Gobierno del Consorcio pasaron en 2019 un centenar de expedientes, por los alrededor de setenta de 2017.
En cuanto a la demora en los cobros, Company comenta que muchos de las sanciones concretadas en 2019 tienen todavía un largo recorrido. Algunas incluso acaban en los juzgados, lo que detiene el proceso de cobro. Además, en determinadas condiciones, si se produce una regularización del bien objeto de la sanción, se pueden llegar a aprobar bonificaciones que alcanzan el 95 por ciento del importe. También se establecen pagos fraccionados.
El Consorcio tiene aún pendiente la incorporación de un gerente y están abiertas las reuniones con el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para fijar las condiciones de su salida, según Company, con buen nivel de entendimiento.
8 comentarios
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En lugar de iniciar un expediente de expropiación va esta señora y regala a CAIXA BANC 2.000.000€. ¡¡ brillante !! por ésta clase de despilfarros quebraron la mayoría de ayuntamientos de España. No aprenderán nunca este aficionados políticos. Lo siento por los San Lluises, pero hay otras muchas necesidades antes que "tirar" dos millones de euros. Tomen nota para las próximas elecciones.
Es a dir que no repleguen ni per pagar es personal des consorci... quin equipo...
@ ari338, su comentario es la descripción de una realidad inequívoca, sólo basta ver la consellería de agricultura y su legión de funcionarios y asesores, (comisiones sostenibles, consorcios, estudios medioambientales, etc..) la Sra De la Concha hasta se trajo dos asesores ,uno de Asturias y otro de Madrid. Estoy completamente de acuerdo con su comentario.
Señor/a Dofinet, comprendo lo que quiere decir, es cierto que hay casos específicos en los que una multa es bien merecida, pero por el trabajo de mi padre, he visitado llocs reformados, y sinceramente, la ley está hecha para que, a cada pie que mueves, tengas que pagar, por todo. Da igual que lo que hagas sea una mejora que añade valor a la finca. No tiene que disculparse por su comentario, no hay problema. Simplemente creo que son los menos, los casos cuyas multas están justificadas. La mayoría de acciones que se han llevado a cabo, han mantenido la belleza de las fincas rusticas, quizás alguno ha hecho una piscina, o ha convertido un “bué” en la casa de invitados, no creo que sea algo tan malo, hacer eso. Prefiero eso, a tener fincas abandonadas, llenas ullastres, enderrusais y casas derrumbadas. Menorca tiene belleza en lo natural, y también en la simbiosis de las fincas rusticas con el terreno. Le escribe un emigrado, que añora su tierra.
Señor/a arl338 estoy absolutamente de acuerdo con usted , faltaría más. Conozco muy bien el trabajo en el campo y lo duro que es. En ningún momento he pensado en este colectivo, mi comentario está dirigido a los múltiples abusos por parte de propietarios de alto poder adquisitivo que estan comprando un montón de fincas y en las que están construyendo y reconstruyendo a su antojo saltándose la normativa.Lo digo porque lo he visto y me fastidia que un payes no pueda hacer una reforma en su finca y un señor con dinero sí lo haga.Respeto muchísimo a todos los que se dedican al sector primario como agricultores, pescadores, ganaderos,etc. Le pido disculpas, quizás no me he explicado bien. Un saludo.
Señor/a Dofinet, no tiene ni idea de cómo funciona el campo. Puede haber casos de gente con pasta, pero la mayoría son de familias venidas a menos, que a duras penas sacan para vivir y los payeses que las explotan lo mismo. Sin fines de semana, de sol a sol, ese es el trabajo de explotar una finca. Y además, aun haciendolo todo bien, te viene una tramontanada, una pedrada, una helada, o una sequía, y a tomar por saco. Es decir, el año que te va muy bien, ganas algo de dinero, el resto son cubrir gastos o deudas. Otro tema, mejorar la habitabilidad de una finca, algunas tiene 200 años, creo que no debería ser objeto de sanciones, siempre dentro de la lógica. La gente acepta las multas y los impuestos porque es la ley, sin pensar si es moralmente licito o si es justificado. Muchos impuestos son un robo “legal” para seguir manteniendo a la manda de vagos que hay en el consell y resto de gobierno, esté es uno de ellos.
La mayor parte de estas fincas són propiedad de personas con alto poder adquisitivo por lo que no entiendo el retraso en el cobro de estos importes. También pienso que sería más efectivo, a parte de la multa correspondiente, que les obligaran a derruir las edificaciones o modificaciones ilegales motivo de la denuncia, ya que estos adinerados ya tienen presupuestado este importe cuyo pago no les supone ningún sacrificio y se quedan con la construcción o reforma ilegal en pie. Para estos ricos, que se creen pueden comprar todo con dinero, lo único que les afecta es el hecho de no conseguir su propósito, es decir, que les obliguen a derruir las edificaciones o ilegalidades.
Yo lo veo normal que no cobren. Si al final siempre van a quitar dinero a los que menos tienen. Es verdad, que tener territorio, es síntoma de que ganas bastante pasta, pero lo que la gente no ve, es que el campo cuesta mucho de mantener, y además no hay ni domingos ni festivos, es un trabajo a tiempo completo. Si realmente quieren ganar dinero, que quiten a funcionarios que no hacen nada más que amamantarse de la teta del gobierno. Que profesores funcionarios con plaza fija que no valían para nada todos hemos tenido o conocemos de ellos.