Promoción de 40 viviendas sociales paradas en Maó después de que la constructora y el Ibavi rompieran el acuerdo para revisar al alza el presupuesto | Gemma Andreu

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Las constructoras menorquinas están encontrando problemas para hacerse con contratos de obras públicas, una situación que preocupa especialmente en un momento en que las administraciones han anunciado grandes inversiones en proyectos para tratar de reactivar la economía en plena crisis generada por la pandemia de coronavirus. Un análisis de los procesos de licitación ya adjudicados y publicados por la Plataforma de Contratación del Sector Público a lo largo del año en curso revela que aunque las empresas menorquinas han ganado el 56 por ciento de las licitaciones abiertas por cualquier organismo público, atendiendo a los importes de licitación, más de la mitad del presupuesto, casi el 55 por ciento, ha ido a parar a constructoras de fuera.

La directora de la Asociación de Constructores de Balears, Sandra Verger, asume que la normativa no permite restringir la participación en los concursos de empresas que vengan del resto de España o de la Unión Europea, pero lamenta que «hay empresas, no todas, que utilizan la práctica de ofertar precios muy inferiores que hacen que para las empresas de aquí los números no salgan, pierdan o directamente no se presenten». El problema es que en muchos casos –el último se ha vivido esta semana con las dos promociones de vivienda social en la calle Borja Moll– una vez ganado el concurso reclaman un modificado de obra y un incremento de los presupuestos.

«Son empresas muy fuertes, con gabinetes de profesionales que se miran la letra pequeña para luego pedir incrementos de presupuestos. Ganan las licitaciones con grandes ofertas y luego reclaman subidas», denuncia Josep Olives, presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción y Promotores de Menorca, quien lamenta que «contra eso las empresas de aquí no podemos competir». En ese sentido, Verger explica que «una empresa de Balears no se arriesga a llevar a cabo esas prácticas porque no le conviene, quiere hacer las cosas bien», teniendo en cuenta su vinculación con el territorio.

Que sean castigadas

Desde el sector local de la construcción reclaman a las administraciones que se miren las licitaciones con mucha cautela y, sobre todo, que en caso de que se detecten esas prácticas «utilicen los mecanismos de castigo que existen», explica Verger, en alusión a la posibilidad de prohibir a estas empresas la participación en más concursos. No quieren generalizar su denuncia, pero sí que la administración haga pagar al que no lo hace bien.

Desde la Asociación de Constructores de Balears advierte que al final la administración –además de la ciudadanía– sale perjudicada cuando hay que hacer modificados de obra que suponen un sobrecoste, además de la paralización de proyectos que hay que volver a licitar. Desde el sector reclaman un esfuerzo a la administración para que en los procesos de licitación no solo cuente la oferta económica, sino otros aspectos. Olives también apunta a otro freno a la concurrencia local: «Tienen que dar más margen para poder presentar ofertas, la improvisación no es buena». El problema es que grandes empresas con mucho personal pueden responder con mayor agilidad a esos plazos.