Parte trasera de la propiedad, por la que se accede al varadero | Gemma Andreu

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Las pequeñas casas tradicionales a pocos metros del agua son una parte de la estética tradicional de la Cala Sant Esteve, en Es Castell. Algunas se levantaron cuando la propiedad de un solar, en la práctica, ya otorgaba derecho a construir. Ahora, estos inmuebles corren el riesgo de desaparecer, ya que la Demarcación de Costas ha hecho saber a uno de los propietarios, Ramón Catchot, que su concesión no se puede prorrogar acogiéndose a la ley de 2013. Este asegura que otros vecinos están en la misma situación. Costas les insta a restituir y dejar el terreno.

Los 74 años de historia de esta caseta, adosada a un pequeño varadero incluido en la concesión, son fulminados por unos argumentos que a Costas apenas le ocupan una docena de palabras. «Dificulta el tránsito por esa zona, además de impedir las vistas del litoral». Catchot rebate, y así lo expone en el recurso que ha presentado, que es lógico que una casa con concesión de Costas quite vistas. Ni es excepcional ni en su caso es notorio. No supera la línea común en la calle. También asegura que «no dificulta ningún tránsito». Por la calle, desde luego que no. En cualquier caso, Costas podría interpretar que la dificultad es un trozo de murete que entra unos centímetros en el pedregoso acceso al varadero. Hay que ser muy quisquilloso. Uno ni se da cuenta al moverse por la zona.

Ramón Catchot explica que heredó la caseta de su padre, quien la levantó en 1946. Ocupa 40 metros cuadrados de una parcela que acabó adquiriendo en su totalidad. Ha velado siempre por su legalidad. En 1961 obtuvo el beneplácito del Ministerio de Obras Públicas por plazo ilimitado, con un canon anual que ronda los 250 euros por ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre. En 1988, la Ley de Costas otorgó a estos permisos una vida de 30 años. Ante la avalancha de expedientes que se avecinaba, en 2013 es estableció la opción de una prórroga de 75 años.

Informado y documentado, Catchot solicitó en julio de 2017, a un año de la caducidad de la concesión, la prórroga de 75 años, sin sospechar nunca una negativa. « No me lo esperaba, ha sido un golpe», que le ha llegado hace apenas unos días. «Han tardado dos años y medio en contestar, y ahora me dan solo quince días para alegar». Y lo ha hecho. Expone que existe arbitrariedad en unos argumentos falsos, y que su caseta siempre ha estado en paz con la ley.

Lo está pasando mal. La caseta forma parte de su vida, en ella pasa buena parte de su jubilación. La situación le quita el sueño y le da un apuro que ni imaginaba. Reside en Sant Esteve seis meses y el resto del año la visita con asiduidad. Ahora, le pesa y preocupa tener que derribarla, como le indican desde Costas. «Me ponen en el aprieto de tener que echarla abajo, a mis 80 años, no sé cómo podré afrontarlo, porque esto tiene un coste».