Maó rechaza el 60 % de las peticiones de ayuda para las 'escoletes'

La ordenanza se aprobó en abril para dar estabilidad jurídica a un sistema de bonificaciones que, hasta ahora, se concedían con informes favorables de Servicios Sociales. Se valoraban los ingresos, pero también otros factores como los gastos fijos. La nueva normativa establece como criterio único los baremos de renta del Iprem (índice estatal de referencia), sin otras consideraciones, lo que ha generado un gran aumento del porcentaje de peticiones denegadas. El curso pasado de 136 peticiones se rechazaron solo 15, y en el anterior de 140 no se aceptaron 16. Con la nueva ordenanza, de 75 peticiones tramitadas (la cantidad de solicitudes también baja mucho en un contexto de pandemia) se han denegado 45.

Desde el Ayuntamiento de Maó reconocen que algo no ha funcionado con la nueva ordenanza, con más solicitudes no atendidas, por lo que se procederá a modificarla de cara al próximo curso. Además, aseguran que «ningún niño se quedará sin ir a la escoleta por razones económicas». Por este motivo, desde el equipo de gobierno explican que han contactado con las familias cuya solicitud se ha denegado para, en el caso de que necesiten apoyo económico, facilitárselo por otras vías, como las ayudas de carácter social.

Las mismas fuentes municipales aseguran que las familias que son beneficiarias de una reducción más significativa, del 95 por ciento por tener unos ingresos realmente exíguos, no han sido las más afectadas por este cambio normativo. En el ejercicio pasado, mediado el curso, se habían aprobado 34 reducciones de cuota del 95 por ciento, mientras que la aplicación de la ordenanza las ha dejado en 18, una reducción más o menos proporcional al descenso en el número de peticiones.