El pleno del Consell ha aprobado inicialmente este lunes el Plan Territorial Insular (PTI) con los votos favorables de los miembros del equipo de gobierno, la abstención del conseller de Ciudadanos y los votos contrarios del Partido Popular | Josep Bagur Gomila

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El Consell sacó este lunes adelante en el último pleno del año la aprobación inicial del Plan Territorial Insular (PTI) con los únicos votos favorables de los consellers del equipo tripartito de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el «rotundo» voto contrario de los representantes del Partido Popular, que mostraron su oposición frontal a una nueva normativa territorial que los populares interpretan como un ejercicio antidemocrático que «blinda el ideario político de la izquierda para la próxima década». El nuevo PTI se abre ahora a alegaciones antes de su visto bueno definitivo, pero viendo las posturas irreconciliables expuestas ayer ante el pleno, las perspectivas de alcanzar un mínimo de consenso son prácticamente nulas.

El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, se encargó de defender la revisión del documento, después de rechazar el intento in extremis del PP de que la revisión se quedara una vez más encima de la mesa. Company alabó el documento de base, el PTI de 2003, y al pacto de izquierdas que lo hizo posible: «Se avanzó a su tiempo y fue capaz de dibujar un modelo territorial, social y económico que propició la Menorca que conocemos», contribuyendo a la «consciencia territorial» que distingue a la sociedad insular.

Todo en su sitio

El conseller defendió que se trata de un documento «de progreso y bienestar» y negó que persiga objetivos exclusivos de la izquierda, sino objetivos globales, definidos en la estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y sobre todo de lucha contra el cambio climático. Aseguró que define una Menorca «donde cabe todo el mundo y casi todo, pero todo en su sitio», que planifica el presente «para conservar el futuro» con una aproximación exhaustiva a las realidades económicas de la Isla. Company defendió, entre otras muchas cosas, que propicia la diversificación de rentas y el mantenimiento del campo, impulsa el modelo renovable, avanza en la «conservación creativa» de espacios de alto valor ecológico, zonifica el alquiler turístico, introduce parámetros paisajísticos y apuntala la Menorca Talayótica.

En las antípodas se sitúa el argumentario del PP, defendido por el conseller Carlos Salgado, que criticó precisamente ese ánimo de exhaustividad de un PTI que dobla el número de artículos: «Han convertido una norma territorial en un estatuto de autonomía de Menorca, ustedes piensan que van a gobernar siempre», denunció, antes de subrayar que esa actitud no contribuye a la alternancia política, «no es democrática». Salgado cargó contra el PSOE, con el que aseguró que el PP comparte buena parte de las recetas económicas y territoriales para la Isla. Les acusa de ser rehenes de una minoría política, la de sus socios de gobierno, que a su entender -junto a los ecologistas del GOB- imponen su modelo frente a la mayoría.

Salgado denunció que el proceso de revisión no ha recogido las aportaciones de los sectores económicos, que solo ha motivado tres reuniones de apenas una hora con el partido más votado de la Isla (PP) y que el único intento de consenso» que ha habido ha sido el alcanzado entre los tres partidos del equipo de gobierno: «El resto se la trae al pairo», lamentó, contraponiendo ese talante con el que defiende que hubo en el proceso de elaboración de la Norma Territorial Transitoria (NTT), que elogió reiteradamente y para la que reivindicó su papel en el modelo económico de la Menorca actual.

Entrando en el contenido del nuevo PTI, el PP denunció que el equipo redactor (Ezquiaga) «se ha limitado a añadir al de 2003 las renovables y la candidatura talayótica, más allá de sumar restricciones en rústico». También les acusó de desconocer la realidad de Menorca, poniendo como ejemplo el límite de 35 metros cuadrados para la lámina de agua de las piscinas en llocs, copiando los argumentos de un decreto del Govern para frenar la expansión edificatoria en rústico que sufre Mallorca por el fenómeno del alquiler turístico, cuando en el suelo rústico de Menorca no se pueden construir nuevas casas ni alquilar a turistas.

Rústico inoperante

El conseller popular lamentó que el nuevo PTI «hace inoperante el suelo rústico», convirtiendo a sus propietarios en cuidadores «sin nada a cambio», hace difícilmente rentables los establecimientos turísticos en rústico al estilo de los que han proliferado en los últimos años, prohíbe, asegura que sin criterio, el alquiler turístico en unas zonas y en otras no, supedita a informes del Govern las Áreas -«casi todas»- de Prevención de Riesgos, impone el modelo de carretera de la izquierda y «posterga sine die el problema de las Áreas de Reconversión Territorial (ART), para las que los populares proponen que con un simple acuerdo municipal de pleno ya sean de aplicación.

Por su parte, el conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso, destacó que el retraso en la aprobación inicial del PTI ha permitido mejorar el texto, aunque defendió que «tiene mucho margen de mejora» hasta la aprobación definitiva. «Por suerte la inicial es un punto y seguido». Entendió que el PTI debería ser más ambicioso en aspectos como el ahorro energético, el ciclo del agua, los hortals y la vivienda pública.

Company concluyó denunciando que el «desarrollo salvaje está en el ADN del PP y les sale» y criticando a lo populares bajo la apariencia de una alabanza de la actitud del conseller de Ciudadanos, con «altura de miras» y «visión de estado» por su postura constructiva y su afán de promover un desarrollo basado en parámetros de sostenibilidad. El debate seguirá vivo en los próximos meses.