Comparecencia el pasado viernes del alcalde, Héctor Pons, junto con Enric Mas y el gerente del Área de Salud, Romà Julià

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El concejal de Servicios Sociales, Enric Mas, fue equiparado con un miembro de la plantilla de la residencia geriátrica asistida para su vacunación dentro del grupo uno, en el que la Estrategia Nacional de Vacunación incluye a personas que trabajan en dichos centros aunque no desempeñen funciones sanitarias, y su inmunización se consideró necesaria para no incrementar el riesgo de infecciones cruzadas que afectaran a los mayores.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó explicó este lunes, a través de un comunicado, el proceso de vacunación en el geriátrico municipal y contextualizó la controvertida inoculación del edil en el brote que padeció la residencia. El concejal estuvo presente en el centro durante todos los días que duró el brote de covid-19 y «de forma habitual en el resto de momentos», señala esta versión oficial que llega tras la comparecencia el pasado viernes del alcalde, Héctor Pons, junto con el propio Enric Mas y el gerente del Área de Salud, Romà Julià. La administración de la primera dosis de la vacuna –ayer se completó la inmunización de las residencias y Mas habría recibido por tanto su segunda dosis–, se produjo, según el gobierno municipal, «por indicación directa de la autoridad sanitaria competente, tal y como el propio gerente del área sanitaria ha confirmado».

Intervención

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Desde el inicio del brote de coronavirus en la residencia geriátrica, la Conselleria de Salud asignó una enfermera del IB-Salut para la supervisión y control del centro, en colaboración con el equipo directivo del mismo, señala la nota. Dicha profesional controló que el proceso se ajustara a los protocolos de vacunación.

El gobierno de PSOE y Ara Maó alega que Enric Mas «en su condición de jefe de la residencia geriátrica asistida, de titularidad municipal, se ajusta al cumplimiento de los protocolos de vacunación vigentes». No obstante el centro tiene su propio equipo directivo y Mas es un cargo político.

El Ayuntamiento defiende que la decisión de administrar la dosis al concejal «no tiene nada qué ver con su condición de cargo público, sino por su condición de persona que de manera diaria está en contacto con el centro». En este sentido, el equipo de gobierno insiste en que no ha habido un uso del cargo político en interés propio; asimismo «su cargo de concejal no podía ser obstáculo para el cumplimiento de los citados protocolos» y subraya que la prioridad municipal ha sido en todo momento garantizar la seguridad de los residentes.

Al mismo tiempo recuerda que los protocolos establecen que «las personas que acuden a trabajar a las residencias están incluidas en los grupos prioritarios de vacunación».