Los inquilinos del número 66 de la calle Fonduco, propiedad de una súbdita británica en desacuerdo con la expropiación, seguirán en la casa hasta que les obliguen a abandonarla | Gemma Andreu

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Autoridad Portuaria de Balears ha iniciado el trámite para la expropiación de las dos últimas fincas que le falta por adquirir en la zona de Cala Figuera, necesarias para poder ejecutar la segunda fase del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Maó.

El BOIB recogía ayer la resolución de la Delegación del Gobierno que acuerda la necesidad de expropiar estas dos fincas después de que sus propietarios hayan rechazado las ofertas de compra que le ha trasladado el organismo balear. Se trata del primer piso del número 66 y la construcción que ocupa el número 76-77, ambos de la calle Fonduco. La primera finca pertenece a una propietaria inglesa, aunque está alquilada a otra familia, mientras que el otro inmueble no está habitado. Los inquilinos del número 66 permanecerán en la casa «hasta el último momento que nos sea posible», han indicado a este diario, según les ha informado su propietaria, en desacuerdo con la expropiación.

Hasta ahora Autoridad Portuaria había adquirido las otras 13 fincas de las 15 con las que debía hacerse para reordenar esta zona del puerto de Maó, ajustada a la ley de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, que data del año 2011.

La compra de estas 13 propiedades le ha supuesto un desembolso conjunto de 4.536.000 euros. El 40 por ciento de este montante ha sido destinado a adquirir el solar que era propiedad de la antigua empresa CLH, por un valor total de 1.900.000 euros.

5 años de retraso

El proceso de acopio de todas las fincas afectadas para la ejecución del plan de Cala Figuera acumula un retraso de cinco años considerando que en 2015, el entonces presidente de Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, aseguró que todas las viviendas afectadas por la propuesta de la DEUP estarían revertidas al organismo balear dentro del año 2016. «La expropiación es el último extremo», dijo entonces, al que finalmente ha tenido que recurrir para poder hacerse con estas dos últimas fincas.

Tras la publicación del acuerdo para la expropiación de estas dos construcciones, los propietarios pueden interponer aún recurso de alzada ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el plazo de diez días.