Los abogados temen la ralentización de asuntos por la marcha de 19 funcionarios

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En los órganos judiciales de Ciutadella se van a producir ocho bajas por la marcha de otros tantos empleados

En los órganos judiciales de Ciutadella se van a producir ocho bajas por la marcha de otros tantos empleados

El cese de 19 funcionarios de Justicia en los órganos judiciales de la Isla -11 en Maó y 8 en Ciutadella- durante este final de mes va a tener una incidencia inevitable en los juzgados, especialmente en algunos de ellos, como el de Instrucción número 1 de Maó, en el que el cese afecta prácticamente a la mitad del personal.

Las bajas se distribuirán en los órganos judiciales, dos de ellas en el cuerpo de gestión, ocho en el de tramitación y una en el de auxilio judicial, en Maó, y una en el de gestión, cuatro en el de tramitación y tres en el de auxilio judicial, en Ciutadella. Unos juzgados se verán más afectados que otros pero todos tendrán que seguir en el día a día como puedan.

La merma de estos profesionales repercutirá en la ralentización de los asuntos lo que preocupa especialmente a los abogados porque se van a ver afectados en su labor rutinaria. «La situación genera mucha inestabilidad, como siempre, y puede tener un gran impacto en los procedimientos porque se van a retrasar», opina el abogado Carlos Salgado.

De hecho resulta a día de hoy imprevisible establecer cuándo se cubrirán las plazas porque solo hay una disponibilidad en la bolsa de interinos del cuerpo de tramitación, mientras que las de gestión y administración están agotadas. La Gerencia Territorial debe ahora rehacer el bolsín de interinos con una nueva baremación e incorporar a más personas en reserva para que puedan ser destinadas a los juzgados. El plazo de este proceso se desconoce.

Es la consecuencia del concurso de traslados al que han optado buena parte de aquellos funcionarios que fueron destinados a la fuerza a las islas por el Ministerio de Justicia hace solo dos años para dar respuesta a la demanda por las numerosas vacantes existentes. En torno a 200 empleados públicos en el Archipiélago han solicitado regresar a la Península.

«En el momento en que vienen a Menorca para buscar piso, ya se dan cuenta de la realidad, del coste de la vida, y están pensando en marcharse en cuanto puedan», explica el letrado de Ciutadella, José de Juan López. Como reclaman otros funcionarios públicos, «mientras no se equiparen los pluses de insularidad a los de Canarias, aquí no querrá venir nadie», añade el abogado, «y es lamentable porque cuando han asimilado su trabajo son muy eficientes, pero ahora todo se verá afectado».

El problema es la «ralentización de los asuntos», opina el también abogado Alberto Herrán, de Sant Lluís,

Desde el CSIF indican que ahora lo que se debe impedir es que el Ministerio vuelva a repetir la obligatoriedad del traslado a las islas como sucedió hace dos años «porque estaremos de nuevo igual».

Una vez confirmadas las marchas será cada órgano judicial el que reclame a la Gerencia Territorial las plazas más urgentes para que se cubran. Mientras no se vuelvan a dotar y constituir las bolsas de interinos, la solución puede estar en los cupos de reserva de estas bolsas, que también están bajo mínimos, o en la contratación a través del SOIB lo que no aportará la agilidad necesaria porque la formación para los nuevos trabajadores requiere un cierto tiempo.

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