El sector califica de «inadmisible» e injusto que esta actividad que emplea a más de 37.000 personas y después de que 7.291 personas perdieran su puesto de trabajo a causa de la pandemia, quede fuera del acceso a estas medidas que buscan preservar el tejido productivo y el empleo, según un comunicado de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).
Desde la agrupación en la que figura como contacto Juan Carlos Fernández de Salort, director ejecutivo de Pons Quintana, exigen que se corrija esta situación. Recuerdan que la pandemia no frenó a las empresas para poner todos sus recursos a disposición de los fabricantes de mascarillas, EPIs y calzado especializado para sanitarios y profesionales de primera línea. «Es el momento de reconocer el esfuerzo del sector y darle el oxígeno que estas medidas suponen».
La FICE entiende que la industria productora de calzado española y la distribución mayorista deben incluirse en estas ayudas, al igual que figura su comercio mayorista.
Recuerda que en 2020 el índice de negocios descendió un 23,6 por ciento, y que las exportaciones retrocedieron a cifras de 2013, lo que refleja que el sector del calzado «es uno de los más afectados a los que hace referencia el decreto».
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